Estados Unidos prevé utilizar la nueva ley de Helms-Burton, que bloquea las inversiones extranjeras en Cuba, para amenazar a Moscú con cortes de la ayuda al desarrollo y posible acción judicial, con el fin de detener la construcción en la isla de una planta nuclear de diseño y construcción rusos.
La ley de Helms-Burton, firmada por el presidente Bill Clinton el 12 de marzo, recortará la ayuda estadounidense a los países que trabajen en la planta nuclear de Cuba en Juragua. El trabajo en la central, 75 por ciento del cual ha sido finalizado, se suspendió en 1992 debido a la falta de fondos.
La ley establece que Estados Unidos reduzca la asistencia a las repúblicas de la ex Unión Soviética en la misma medida en que asistan al gobierno cubano a través del comercio, el crédito y la ayuda económica.
Bajo estos términos, funcionarios rusos involucrados en el programa podrían verse enfrentados a acciones judiciales en Estados Unidos y perder el derecho a obtener visas estadounidenses.
Las cláusulas de la ley culminan una larga campaña contra la planta, que hasta este mes se concentró en cuestiones ambientales.
Esta semana Vitali Sevastianov, presidente de la comisión parlamentaria de mandatos, dirigió la delegación rusa que se reunió con el presidente cubano, Fidel Castro, y recorrió el sitio de la planta nuclear, a 336 kilómetros de La Habana.
En agosto del año pasado Moscú reabrió el debate, al decidir que entregaría a Cuba 30 millones de dólares en créditos para comprar equipos auxiliares para la planta.
El reactor y la turbina para la primera unidad ya habían sido embarcados a la isla y almacenados, mientras uno de ocho acuerdos bilaterales firmados en noviembre reconfirmaron la voluntad de Rusia para colaborar en la construcción de la planta.
El mes pasado, Moscú reveló planes para formar un consorcio para ayudar a Cuba a finalizar la planta antes del 2000, a un costo estimado en 750 millones de dólares, agregados a 1.000 millones de dólares ya gastados.
Cuba y Rusia buscan un socio, preferentemnte occidental, para que provea un sistema de control automatizado y sistemas de seguridad. Bajo la ley Helms-Burton, estas empresas podrían enfrentar sanciones.
La Oficina de Contaduría General de Estados Unidos (GAO) concluyó el año pasado que un accidente en Juragua podría expandir las radiaciones hasta los estados de Texas y Virginia.
Investigadores de GAO sostienen que la planta se ha deteriorado severamente desde 1992, que algunas partes han sido expuestas al aire marino, y que el sitio se encuentra en una zona de posibles terremotos.
La afirmación se basa en una filmación televisiva de ocho minutos, ya que el gobierno de Cuba prohibió a los estadounidenses el acceso al sitio.
Diplomáticos en La Habana sostienen que varias empresas extranjeras, incluyendo la italiana Ansalda, la brasileña Furnas y la británica NCC colaboraron con un estudio de viabilidad sobre la planta.
El director de la planta de Juragua, Isaac Alayon, insiste en que la central cumple con las normas de seguridad, y que su reactor, de tipo VVER, es sustancialmente diferente de los RBMK que produjeron el accidente de Chernobyl en 1986 en Ucrania.
La construcción del reactor comenzó en 1976, pero se detuvo con el colapso de la Unión Soviética, en 1991.
Organizaciones ambientalistas han advertido que la propuesta de Moscú sobre el tratamiento del combustible nuclear utilizado, la cual prevé su traslado a Rusia, proviene de sus propios intereses y no de consideraciones sobre la ecología.
Además, las organizaciones han señalado que Cuba seguramente no pueda pagar el servicio de tratamiento de desechos, causando un gran problema.
Se estima que en actividad, cada reactor de la planta podrá producir 417 megavatios de electricidad, y que una vez finalizada, la planta cubrirá 20 por ciento de las necesidades energéticas de Cuba. (FIN/IPS/tra-en/mom/rj/lp/en-ip/96)
