El anuncio de que Costa Rica dará asilo político al ex vicepresidente de Ecuador Alberto Dahik fue recibido hoy sin sorpresas y sin reacciones por políticos opositores.
En un escueto comunicado enviado por fax a los medios de comunicación el domingo por la noche, la Cancillería costarricense anunció el asilo político para Dahik, acusado en su país de malversar fondos públicos cuando ejercía su cargo.
Dahik huyó de Ecuador el 11 de octubre, pocas horas antes de que se cumpliera una orden de detención en su contra emitida por la Corte Suprema de Justicia.
Llegó a Costa Rica en la madrugada del 12 y aseguró que, aunque no tenía nada que ocultar, había escapado de su país porque sabía que no tendría oportunidad de un juicio justo.
La decisión de otorgarle el asilo no fue sorpresiva. Desde que fue planteada, hace cinco meses, ya en los corrillos de la cancillería se comentaba que se le iba a responder positivamente.
Quizá para ello pesó el hecho de que el ex vicepresidente tiene fuertes nexos con políticos locales, no sólo del gobernante partido Liberación Nacional sino también de la opositora Unidad Social Cristiana.
El abogado que tramitó su solicitud ante la Cancillería fue Germán Serrano, quien ocupó el cargo de vicepresidente en la administración socialcristiana de Rafael Angel Calderón, que gobernó de 1990 a 1994.
Es posible que también esa sea la razón de que ningún político o ex funcionario se haya pronunciado aún en contra de la decisión de la cancillería, cuyas consecuencias en las relaciones diplomáticas con Ecuador aún se desconocen.
En declaraciones al diario La Nación, el ex canciller Rodrigo Madrigal Nieto (1986-1990) dijo que no podía pronunciarse sobre el caso porque es la cancillería "la única entidad que examina a fondo las condiciones, acusaciones y defensas del asilado".
La cancillería se negó a detallar las razones por las cuales considera que Dahik es un perseguido político y en su escueto comunicado indicó que no está obligada a expresarlas, ya que otorgar o denegar el asilo "constituye un acto de gobierno".
Se esperan pocas reacciones al anuncio en virtud de que fue hecho el domingo que abre las celebraciones de Semana Santa, justo cuando el Congreso inició un receso de 15 días y todo el sector público está de asueto durante la semana completa.
La información fue dada a conocer a través de un mecanismo, el del comunicado, muy criticado por la prensa local en los últimos meses.
Las quejas de los medios de comunicación se basan en que la administración de José María Figueres no sigue una política informativa abierta, al punto que el mandatario convoca a conferencia de prensa para leer un comunicado y se niega a responder preguntas.
Esta práctica fue objeto de críticas durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realizó en San José hace 15 días. (FIN/IPS/mso/dg/ip/96).
