Los principales acreedores de Congo reconocen los esfuerzos del gobierno por mejorar la situación fiscal, pero advierten que esta nación de Africa Central aún debe hacer mucho más para merecer nuevos respaldos financieros.
"Entendemos que este primer escalón alcanzado por Congo debe ser seguido por otros pasos en la misma dirección para asegurar la recuperación económica y financiera hacia 1998", dijo en Brazzaville el embajador francés Raymond Cesaire.
Francia es el primer socio comercial de Congo y una de sus principales fuentes de financiamiento.
Desde principios de 1994, Congo ha estado sometido a la presión de los acreedores extranjeros, en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que acelere la aplicación de un programa de ajuste estructural basado en la reducción del gasto público y la venta de las empresas estatales.
El gobierno ha preparado la privatización de empresas estratégicas, tales como la Compañía Nacional de Electricidad, la Compañía Nacional de Distribución de Agua, la Compañía Comercial de Hidrocarburos (Hydro Congo), la Agencia Transcongoleña de Comunicaciones y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones.
Para reducir costos, el gobierno despidió 9.000 funcionarios y planea prescindir de otros 12.000 antes de 1998. También ha recortado los salarios de la función pública y otros beneficios en 27,5 por ciento, en una política dirigida a abatir la masa salarial, de 265 millones, a unos 200 millones de dólares.
También se han incrementado en 20 por ciento las tarifas de servicios públicos tales como agua, electricidad, transportes y teléfonos.
Estas medidas han levantado fuertes resentimientos entre los congoleños, pese a lo cual las instituciones financieras acreedoras insisten en que aún queda mucho camino por andar.
El representante del FMI en Congo, Michael Hadji, anunció el 12 de marzo que el gobierno del presidente Pascal Lissouba podría recibir préstamos por un total de aproximadamente 142 millones de dólares si diera satisfacción a una serie de condiciones.
En particular, Congo debe hacer efectiva la privatización de las empresas estatales, recortar aún más su cuenta de salarios públicos prescindiendo de un mayor número de sus funcionarios (71.000 en total) y rebajar el déficit presupuestal en 1996.+
El gobierno había esperado una respuesta más positiva del FMI, ya que la asistencia financiera de otros acreedores, que Lissouba precisa para financiar su programa de recuperación económica 1996- 1998, depende del respaldo del Fondo. (FIN/IPS/tra-en/lo/jm/kb/arl/if/96)
