La sociedad civil colombiana fue a la vez espectadora y víctima en el "paro armado" convocado por la guerrilla para protestar contra "el narcogobierno" del presidente Ernesto Samper.
Entre las víctimas de la medida, concluida este martes, figuran 25 ciudadanos ajenos al conflicto, de los cuales 10 murieron y 15 fueron heridos como resultado de acciones de grupos insurgentes.
Según la Policía, el caso más grave se registró en la vía que comunica la costa norte con Bogotá, donde murieron seis personas alcanzadas por las cargas de dinamita que colocó la guerrilla para impedir el tráfico de vehículos.
En el departamento de Santander (noreste) murieron en el ataque guerrillero a un retén de la policía un pensionado de la estatal Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) y un menor de edad.
El informe oficial indica que a causa de las acciones insurgentes, que se extendieron a nueve de los 32 departamentos del país, murieron por lo menos 22 personas entre guerrilleros, militares y civiles, 25 vehículos fueron incendiados y tres oleoductos dinamitados.
Para el ministro de Defensa, Juan Esguerra, el paro "fue un fracaso", pues "no afectó la tranquilidad nacional".
"Las acciones desestabilizadoras de la guerrilla no lograron su propósito de paralizar el país", pues fueron "neutralizadas previamente por la fuerza pública", estimó.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda fuerza de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG), sostuvo que el objetivo del paro, que se extendió 48 horas, era "convocar a un acuerdo nacional con todos los sectores de la sociedad civil que determine las bases para un nuevo gobierno".
En opinión de los insurgentes, el gobierno de Samper no tiene legitimidad por haber sido "elegido con dinero del narcotráfico".
El ELN invitó a representantes de la Iglesia Católica, empresarios, organizaciones no gubernamentales (ONG) y de sectores populares a buscar concertademente una solución a la crisis institucional que vive el pais.
Sin embargo, este martes sólo se pronunció sobre el llamado la Central Trabajadores de Colombia (CTC), que condenó el paro por rechazar "estos métodos violentos".
Apécides Alvis, presidente de la CTC (minoritaria entre las tres confederaciones obreras de Colombia, y orientada por el Partido Conservador), dijo a IPS que la guerrilla ha perdido su poder de convocatoria por las acciones en que se ha visto involucrada y que afectan a la población civil.
Entre eellas señaló la colocación indiscriminada de minas en el departamento de Santander, atribuida por el ejército al ELN, y algunas de las masacres en la región de Urabá, a las que han sido vinculados comandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fuerza mayoritaria de la CNG.
Cualquier salida a la crisis que vive el país "debe ser buscada por medio del Congreso, que es la vía institucional" y el juez natural para examinar la conducta de Samper, destacó.
Alvis se mostró de acuerdo con iniciativas surgidas de la sociedad civil para enfrentar la crisis, como la creación de una veeduría ciudadana que fiscalice la labor del Congreso en este proceso.
Esa propuesta es impulsada por 40 ONG, representantes de gremios económicos y sindicatos.
Otro grupo, integrado por personalidades, que comenzará a operar el jueves, plantea que Samper responda públicamente a los colombianos acerca de las acusaciones que se le formulan, en particular haber financiado su campaña electoral de 1993 con fondos concedidos por el narcotráfico.
Entre quienes formulan esa demanda figuran el sociólogo Orlando Fals (sociólogo), el psiquiatra Luis Restrepo, el poeta Mario Arbeláez y los dirigentes políticos del ex guerrillero M-19 Héctor Pineda y Otti Patiño. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96)
