Gobernadores de los tres mayores departamentos productores de drogas ilícitas pidieron hoy al presidente de Colombia, Ernesto Samper, legalizar el comercio de dichas sustancias para frenar la corrupción y la violencia.
La propuesta fue hecha por Eduardo Flórez, de Guaviare, José Lozano, de Arauca, y Alfonso Ortíz, de Meta, tres departamentos del centroeste de Colombia, durante un encuentro que se realizó este viernes en Villavicencio (oeste del país).
En Arauca, Meta y Guaviare se concentra el 70 por ciento de la superficie dedicada a cultivos ilegales. Según el gobierno, se trata de 60.000 hectáreas, pero para comunidades campesinas de la región dicha superficie sobrepasa las 100.000 hectáreas.
Los mandatarios coincidieron en señalar que si no existe prohibición para el comercio de la droga, el narcotráfico dejará de ser llamativo para los delincuentes que manejan esta actividad.
"Yo se que todavía muchas personas se escandalizan con la propuesta de legalización, pero es una forma hipócrita de enfrentar el problema", afirmó Ortíz.
El gobernador indicó que el problema del narcotráfico debe ser enfrentado "de manera realista e independiente de las presiones internacionales".
Otros gobernadores afirmaron que la propuesta de la legalización de la droga no es oportuna, en momentos en que Colombia ha sido descertificada por Estados Unidos por su presunto deficiente desempeño en la lucha contra los estupefacientes.
La posibilidad de legalizar la droga, planteada también por portavoces de la Iglesia Católica y sectores académicos, ha sido reiteradamente descartada por el gobierno.
La más reciente propuesta de legalización fue hecha por el obispo de Guaviare, Belarmino Correa, quien afirmó que ante el fracaso de la actual política antidrogas, tanto el gobierno colombiano como la comunidad internacional deberían "enfrentar de otra manera el problema".
En su sermón de Semana Santa, el prelado afirmó que mientras el comercio de la doga siga haciéndose de manera clandestina, esta actividad continuará "generando corrupción y violencia" y llamó a la comunidad internacional a trabajar en la formulación de una "reglamentación seria y honesta". (FIN/IPS/yf/dm/ip/96)
