A los opositores del gobierno del presidente de Colombia, Ernesto Samper, se sumó hoy la cúpula de su propio partido, el Liberal, cuya dirección ha optado por deslindar responsabilidades en el narcoescándalo y "salvar del ahogado, el sombrero".
La más reciente fisura entre el gobierno y la Dirección Nacional Liberal (DNL) se manifestó éste miércoles, cuando su presidente, Emilio Lébolo, criticó al ministro de Defensa, Juan Esguerra, por el manejo de la reciente ofensiva guerrillera.
"Es absurdo lo que está sucediendo en materia de orden público. El ministro de Defensa niega, como lo negó públicamente, que estaba pasando algo y dijo que los paros (armados de la guerrilla) habían sido normales", declaró Lébolo.
El presidente de la DNL se refirió a los 31 soldados muertos en la madrugada de este martes en el sureño departamento de Nariño, en un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y al retiro de puestos de policía de 15 poblaciones asediadas por la guerrilla.
"Cada vez que hay un ataque guerrillero, las fuerzas militares en vez de reforzar esas zonas de conflicto trasladan la responsabilidad a la población civil y deciden retirarse", comentó Lébolo, quien tomó posesion hace una semana del cargo de mayor jerarquía en el partido de gobierno.
La posición de Lébolo refleja un progresivo distanciamiento del aparato partidario del gobierno de Samper, cada vez más inmerso en el remolino de denuncias sobre filtración de dinero del narcotráfico en la campaña electoral de 1994 y la violación de los topes legales de financiación.
Según diversas fuentes y denuncias, el Cartel de Cali habría aportado entre cuatro y siete millones de dolares "para aceitar la maquinaria" electoral en la segunda vuelta, en la que Samper sacó ventaja a su contendor, el conservador Andrés Pastrana.
Además, el comando de campaña samperista violó la Ley Electoral, que impone como tope de inversión el equivalente a cuatro millones de dólares, y cobró a través del partido unos 800.000 dólares por reposición en efectivo de los votos, mecanismo estatal de financiación a las campañas electorales.
Hace una semana el anterior director de la DNL, el ex canciller Luis Fernando Jaramillo, dejó en claro que el Partido Liberal, que históricamente ha sido mayoría y que con Samper completa el tercer periodo presidencial consecutivo, no está dispuesto a hundirse en el barco de la actual crisis.
Jaramillo respondió a una afirmación del abogado de Samper, Luis Guillermo Nieto, acerca de la responsabilidad del partido en el manejo financiero de la campaña electoral.
El aparato samperista "tuvo una tesorería independiente, un tesorero independiente, unas cuentas independientes", dijo Jaramillo, quien afirmó que sobre manejos contables "Nieto está ahora diciendo que es una responsabilidad del partido, cuando obviamente no lo es".
Según el abogado del presidente, la Constitución "establece que la responsabilidad por la rendición de cuentas corresponde a los partidos o los movimientos", tesis que la DNL no comparte.
En un intento de darle alcance a las discrepancias, Samper explicó que las afirmaciones de su abogado obedecían a una táctica de defensa jurídica. Pero evidenció que ya no existe solidaridad de cuerpo entre el partido de gobierno y el presidente.
Las fisuras han ido aumentando con el correr de la investigación que la Cámara de Representantes le sigue al presidente. Han sido tantos los episodios de distanciamiento que ya no se sabe cuál de las partes rompió primero.
Es de público conocimiento que ninguna de las salidas a la crisis que Samper ha propuesto han sido consultadas con la DNL. Por eso, el partido tampoco las apoya.
El adelanto de elecciones que el mandatario planteó a fines marzo fue rechazado unánimemente por la DNL.
Minimizando las implicaciones de esa falta de respaldo, Samper dijo que la DNL "como cualquier otro grupo político, está en su derecho de expresar los inconvenientes o la propia y particular interpretación de estas fórmulas".
Pero el Partido Liberal no es cualquier grupo político, sino el partido de gobierno, aunque en la práctica cada vez lo sea menos.
Por eso es una incógnita que suerte correrán los proyectos de ley presentados esta semana por el gobierno al Congreso, que incluyen una reforma política con financiación estatal a las campañas electorales y la reorganización de los partidos.
Aunque hay quienes dicen que la propuesta es una más de las muchas que a manera de "cortina de humo" ha hecho Samper en los 20 meses que lleva en el poder y en medio de la crisis, el debate legislativo, paralelo al juicio al presidente, servirá de termómetro.
Tal vez quien con mayor contundencia expresa las contradicciones es la parlamentaria liberal Ingrid Betancurt, miembro de la Comisión de Etica de la Cámara de Representantes, quien hizo huelga de hambre para pedir un juicio limpio.
"El Partido Liberal no puede abanderarse de una reforma sin aplicársela primero. Cuando el partido se aplique el código de ética, tendrá autoridad moral para presentar y liderar reformas. Ahora no", dijo Betancurt a IPS.
La parlamentaria habla de "censura, totalitarismo y asesinato de testigos". Pero aclara que lo hace "como liberal, elegida por voto de opinión" y reconoce que apoyó a Samper por el componente social que le dio a su propuesta de gobierno.
Sin embargo, ahora está convencida, como afirmó en la Cámara de Diputados, que "la clase política, mayoritariamente corrupta, amaña las leyes para acomodar el proceso" a favor de Samper.
"Tenemos un presidente que tiene al Congreso comprado, a los empresarios chantajeados, a la Iglesia (católica) amenazada con sanciones morales" y cuenta con aparatos de prensa y de inteligencia "que son como (el diario) Pravda y la KGB" en la antigua Unión Soviética, comentó.
La beligerante legisladora podría reflejar lo que el politólogo Eduardo Pizarro llama "la tragedia del distanciamiento y repudio de la política", aún dentro del ejercicio de la política.
Pizarro, que participó en una comisión que preparó el proyecto de reforma presentado por el gobierno al Congreso, apuntó que el progresivo deterioro de los partidos en Colombia ha conducido a "un rompimiento de la relación de los elegidos con sus electores".
No hay disciplina partidaria, existe doble militancia entre movimientos de corte personal y regional inscritos nominalmente en un partido, lo que da como resultado "ingobernabilidad democrática, porque es muy difícil lograr mayorías parlamentarias", añadió.
La composición del actual Congreso refleja la atomización de listas en los comicios legislativos de 1994.
Se presentaron 628 listas para la Cámara de Representantes y 251 para el Senado, con el resultado de que sólo tres eligieron más de un parlamentario, agudizando una tendencia expresada ya en 1991, cuando sólo nueve listas lograron más de un escaño.
Según Pizarro, "la reforma política se impone para que los partidos se fortalezcan y se supere la atomización de movimientos que es una característica regional", ya que también en Brasil y Ecuador se expresa de manera notable (FIN/IPS/mig/ag/ip/96)
