El Senado de Chile rechazó hoy las reformas propuestas por el presidente Eduardo Frei para democratizar la Constitución de 1980, acelerando así la crisis que enfrenta en la derecha a liberales y "pinochetistas".
Las enmiendas, que buscaban la eliminación de los senadores designados y cambios al Consejo Nacional de Seguridad y el Tribunal Constitucional, tuvieron el voto favorable de sólo 25 parlamentarios, sin alcanzar los quórum requeridos de 28 votos en unos casos y 31 en otros.
Tal como se preveía, sólo cuatro senadores de los 11 del opositor Partido Renovación Nacional (PRN) sumaron sus votos a los 21 oficialistas, en tanto los otros siete desafiaron el acuerdo de la directiva de apoyar las enmiendas.
Los rebeldes, denominados "duros" y "pinochetistas", se alinearon en el rechazo a las reformas con los otros dos partidos de la derecha y con los ocho senadores designados a fines del régimen dictatorial del general Augusto Pinochet (1973-90).
La votación del pleno de 46 senadores en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, puso fin temporalmente al periodo de negociaciones y expectativas políticas que Frei abrió en agosto de 1995 al plantear los ajustes constitucionales.
Genaro Arriagada, ministro de la Secretaría General de la Presidencia, lamentó la decisión del Senado, pero advirtió que para el Ejecutivo "el perfeccionamiento de la Constitución es una lucha permanente".
Arriagada y el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Joaquín Brunner, indicaron que el tema se replanteará en el curso de este año, tal vez con la presentación de las reformas en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene una mayoría de 70 representantes sobre un total de 120.
El gobierno esperará seguramente un desenlace de la crisis en la oposición derechista, que pasa fundamentalmente por el enfrentamiento en el PRN entre los "pinochetistas" y los liberales que encabeza el diputado Andrés Allamand, presidente de ese partido.
Allamand acusó a los siete senadores rebeldes de desconocer el acuerdo adoptado por el Consejo General del PRN en enero último, de apoyar las reformas, cuyo texto final fue consensuado en negociaciones de su colectividad con el gobierno.
El dirigente convocó a un nuevo Consejo General extraordinario para el día 27, donde se acordarían sanciones contra los siete senadores, quienes, según dijo, "no han sido leales con el partido del que forman parte".
Los "pinochetistas" rechazaron esa acusación e insistieron en que las enmiendas propuestas por Frei implican el peligro de "romper los equilibrios institucionales" establecidos en la carta política aprobada por referéndum en septiembre de 1980.
"Aquí no hay ninguna deslealtad. Lo que no queremos es que se repita un 11 de septiembre de 1973", dijo el senador Julio Lagos aludiendo a la fecha del cruento golpe militar contra el presidente izquierdista Salvador Allende.
El rechazo de las reformas tuvo como protagonistas centrales a los ocho senadores designados, quienes sumaron sus votos a los "duros" del PRN y a los representantes de la Unión Demócrata Independiente y la Unión de Centro-Centro Progresista.
"Este es el único parlamento del mundo donde la minoría manda", dijo el senador Anselmo Sule, presidente del Partido Radical Socialdemócrata, uno de los cuatro miembros de la oficialista Concertación por la Democracia.
"No es posible que ocho personas decidan y diriman en un Senado de 46 miembros. Estos senadores, que se dicen independientes, se ponen de parte de la oposición", agregó.
El rechazo a las reformas fue fundamentado en el debate parlamentario por el general Vicente Huerta, quien representa a la policía de Carabineros como senador designado.
El senador Jorge Lavanderos, del gobernante Partido Demócrata Cristiano, acusó a una minoría de parlamentarios "oligárquicos y plutocráticos" de estar en contra de las reformas, que según encuestas son respaldadas por la mayoría de la población.
"Con la votación de hoy la derecha ha manifestado ser incapaz de liberarse de las influencias de un gobierno que dejó de existir hace seis años", señaló el presidente del PDC, Alejandro Foxley.
"Me parece inaudito -añadió- que un sector político completo no se atreva a vivir plenamente la libertad. Tienen miedo a la democracia". (FIN/IPS/ggr/dg/ip/96)
