Organizaciones no gubernamentales (ONG) y la Iglesia Católica de Alemania critican al gobierno del Brasil por su política frente a los indígenas y la falta de medidas para frenar el creciente empobrecimiento del noreste del país.
Cerca de 55 ONG ambientalistas y de desarrollo solicitaron al gobierno de Brasil que "cambie su politica ante los indigenas". La exhortación fue formulada la semana última, en ocasión de la visita a Bonn del ministro brasileno de Justicia, Nelson Jobim.
Las ONG alemanas enfrentaron a Jobim con una declaracion que contiene las demandas de las poblaciones nativas de Brasil.
Mientras, unos 270 caciques y portavoces de tribus aborígenes protestaban en Brasilia contra un decreto que habilita a los extranjeros a recurrir contra la protección otorgada a territorios indígenas.
Los activistas alemanes también pidieron a las autoridades brasileñas garantías de que la ayuda al desarrollo no será utilizada para reducir las áreas indígenas.
Alemania prometió a Brasil 20,4 millones de dólares para preservar los límites de 58 territorios indígenas y, según las ONG, el gobierno brasileño debe aclarar "cómo y en qué plazo se propone cumplir moral y formalmente el acuerdo de cooperación económica para la protección de los indios".
Brasil debe exponer ademá, "las medidas que adoptará para que la oficina de asuntos indios, FUNAI, que cada día es más criticada por su ineficiencia y parcialidad, cumpla con su labor de garantizar que los proyectos se lleven a cabo".
Helmut Hagemann, portavoz de la organización Urgewald, se declaró insatisfecho ante a respuesta de Jobim a los pedidos de las ONG.
Entre los fimantes de la declaracion entregada a Jobim, que exige la demarcación concreta de los territorios indios, se contaron el Círculo Alemán de Protección de la Naturaleza (DNR), Misereor, la Unión para la Protección del Ambiente y la Naturaleza (BUND), la Sociedad Protectora de Pueblos en Peligro de Extinción y Greenpeace.
Las ONG opinan que, en tanto la constitución brasileña de 1988 exige que la demarcación de todos los territorios indios se cumpla sin demora, el proceso está paralizado, con el consiguiente perjuicio para las comunidades aborígenes.
"Recientes decisiones políticas indican un clato retroceso", se consignó en la declaración.
"La organización de los indígenas brasileños y otras ONG critican vehementemente en este contexto la promulgación del decreto número 1775/96 y la Orden Ministerial número 14/96, que cambian la base de protección de la tierra de los indígenas, al incluir con caracter retroactivo el derecho a veto en favor de terceros", sigue la declaración.
Las ONG temen el empeoramiento de la situación de varios pueblos, por ejemplo, a través de la reducción de su territorio, la demora de la demarcación o de nuevas usurpaciones de tierras.
Desde la firma del decreto "han aumentado las invasiones a territorios indígenas protegidos, sin que el gobierno de Brasil reaccionara de manera adecuada", advirtió Hagemann.
Mientras, el presidente de la comisión episcopal "Adveniat", obispo auxiliar Franz Grave calificó el lunes de escándalo socio- político "la alarmante pobreza de grandes sectores de población en el noreste de Brasil".
Setenta por ciento de la población del noreste brasileño vive en condiciones inhumanas, mientras la politíca y los grandes hacendados sólo persiguen metas egoístas, dijo Grave.
La miseria de esa región debe ser llamada por su nombre, manifestó Grave, al regreso de una visita de 11 días al noreste de Brasil.
Los obispos de esa región han reclamado la prometida reforma agraria, aunque sin éxito. "Con algunas exepciones, no existe ni siquiera la disposición al diálogo", señaló Grave.
Agregó que, como tantas veces en América Latina, la Iglesia Católica es la única institución que lucha contra la miseria en el noreste brasileño. (FIN/IPS/raj/ff/pr/96).
