El juicio a los autores de una masacre de ocho niños de la calle de Brasil, iniciado hoy, debe llevar a la condena de sus autores o en su defecto a la del propio país, que se vería aún más aislado por la impunidad de que gozan los violadores de los derechos humanos.
Representantes de numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales siguen la marcha del proceso, que comenzó en la tarde local de este lunes.
Los cuatro reos son acusados de haber asesinado a ocho niños de la calle en la madrugada del 23 de julio de 1993 y de tentativa de asesinato de otros seis. Las víctimas dormían en los alrededores de la iglesia de Candelaria, en el centro de Río de Janeiro.
Uno de los sobrevivientes, Wagner dos Santos, que cuenta ahora con 24 años, simuló estar muerto tras ser herido de varios balazos, que le provocaron una parálisis parcial del rostro. Dos Santos es el testigo clave en el proceso.
El juicio de la llamada "masacre de Candelaria" es decisivo para "empezar a poner fin a la impunidad" en un país en el que sigue repitiéndose ese tipo de crímenes, destacó el sociólogo Herbert de Souza, líder de Acción de la Ciudadanía contra el Hambre y por la Vida.
Sólo el ex policía militar Marcus Vinicius Borges Emanoel, que confesó su participación en la masacre al iniciarse el proceso, es juzgado en la audiencia iniciada este martes y que debería prolongarse durante más de 24 horas.
Los otres tres acusados serán juzgados el 27 de mayo y otros cuatro deberían ser próximamente incluidos en el mismo proceso. De los ocho reos, siete pertenecían a la Polícia Militar de Río de Janeiro en la época del crimen y el restante es un cerrajero que colaboraba con los policías.
El gobernador estadual, Marcelo Alencar, manifestó temor de que las presiones ejercidas por ONG nacionales y extranjeras lleven a la condena de inocentes. El clima es de condena previa, señaló.
Pero el presidente del Supremo Tribunal Federal, José Sepúlveda Pertence, admitió que el mayor riesgo es la impunidad, incluso porque en caso de condena cabe la posibilidad de rever el proceso.
El rechazo a la impunidad se intensificó en Brasil tras la muerte de 19 campesinos sin tierra el día 17 en otra zona violenta del territorio nacional, el norteño estado de Pará.
Desde la masacre de Candelaria, más de mil niños fueron asesinados Rio de Janeiro sin que se haya castigado a sus ejecutores, indicó la artista plástica Yvone Bezerra de Mello, una señora de la elite local que se destacó en la defensa de la niñez abandonada.
En la misma madrugada de la matanza, Bezerra fue la primera persona a la que recurrieron los niños sobrevivientes de Candelaria.
La artista plástica lucha desde entonces por el castigo de los asesinos, habiendo llegado incluso a realizar una huelga de hambre pese a haber sufrido numerosas amenazas de muerte.
En la ciudad de Río de Janeiro, un promedio de dos niños y adolescentes son asesinados cada día. En 1995 se registraron 695 casos de ese tipo, según datos de la justicia de menores local.
En todo el estado, habitado por 13 millones de personas, los asesinatos de menores sumaron 6.033 el año pasado, de acuerdo al Centro de Articulación de Poblaciones Marginadas, una ONG local. Sólo ocho de los asesinos fueron condenados por la justicia.
Pese a que el Estatuto del Menor obliga a los poderes públicos a acoger y proteger a los menores en situación de abandono ello no se da en ninún estado del país. La impunidad de quienes atentan contra ellos es un estímulo a que la matanza continúe, consideran militantes humanitarios.
La historia de Wagner dos Santos, considerado un héroe por haberse mantenido firme en su voluntad de testimoniar ante el tribunal, refleja el drama de la juventud abandonada.
Nacido en la calle, después de que su madre murió atropellada por un vehículo, Wagner vivía de limpiar y cuidar automóviles en el centro de Río.
Tras sobrevivir a tres balazos en el rostro y otro que se le alojó en la columna vertebral, el joven logró reconocer a varios de los ejecutores. Testigo decisivo, sufrió dos atentados a balazos y fue amenazado en numerosas oportunidades.
Refugiado en condiciones precarias en la Casa del Testigo, que la justicia creó para proteger a quienes pueden reconocer criminales, Wagner intentó suicidarse.
Su situación y la acción de algunas ONG llevaron a que el Ministerio de Justicia lo trasladara a Suiza en 1995.
El sábado pasado llegó a Brasil para intervenir en el juicio y está colocado bajo la protección de policías federales.
Antes de que se iniciara el proceso, el muchacho volvió a encontrarse con una hermana a la que no veía desde niño y que lo reconoció por datos biográficos, como su apellido y por haber quedado huérfano tras un accidente automovilístico. (FIN/IPS/mo/dg/pr/hd/96)
