Las cárceles de Brasil comenzarán desde hoy a estar menos sobrepobladas, gracias a un decreto del presidente Fernando Henrique Cardoso que indulta al menos 10 por ciento de los 130.000 presos del país.
El decreto, firmado este jueves, autoriza la liberación de los condenados a un máximo de seis años que hayan cumplido un sexto de la pena con buen comportamiento.
Se estima que hasta 18.000 reclusos podrían verse favorecidos por el mayor indulto en la historia de Brasil.
Los beneficiados serán autores de hurtos, pequeños robos, atentados al pudor, fraudes y otros delitos considerados menos graves. Pero la libertad dependerá aún de evaluaciones de cada caso por autoridades de seguridad y judiciales, trámites que podrán demorar meses.
La reincidencia o nuevo delito en los dos años después de la liberación representará el retorno a la cárcel y agravación de la pena.
Con esa medida, propuesta por el Ministerio de Justicia, se busca reducir los graves problemas del sistema carcelario brasileño, cuya falencia es admitida por las propias autoridades y se refleja en las sucesivas rebeliones.
El más prolongado motín de presos, que duró del 28 de marzo a 3 de este mes, representó una lección sobre estos problemas para los jueces y responsables de la seguridad pública, concidieron en señalar el líder de los amotinados, Leonardo Pareja, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sepulveda Pertence.
También es necesario modificar la ley penal brasilña, según Pertence, porque hace mucho nadie cree que el encarcelamiento cumpla el objetivo de rehabilitar a los condenados para la convivencia social.
Eso se comprueba por el elevado índice de reincidencia de los presos, que mientras el promedio mundial es de 70 por ciento, en Brasil alcanza 90 por ciento, señaló Luiz Flavio D'Urso, presidente del Consejo Provincial de Política Criminal y Penitenciaria de Sao Paulo.
Las "sucursales del infierno", como se denomina a las cárceles en Rio de Janeiro, registran tres rebeliones al mes y dos intentos de fuga diarias en todo Brasil. El exceso de reclusos es el motivo principal de los motines.
Dentro de los presidios ocurre uno de cada 10 suicidios en el país y uno de cada 59 homicidios.
En Brasil, hay un preso por casi 1.200 habitantes. La capacidad de los 511 presidios brasileños es de 59.954, pero en todo el pais había más del doble de presos, exactamente 129.169, según el censo carcelario de 1994.
La misma justicia reconoce que hay 275.000 órdenes de prisión no cumplidas.
Sin lugar en los penales con exceso de reclusos, cerca de 22.300 condenados cumplen sus penas en comisarias o cárceles locales que legalmente sólo pueden acoger detenidos circunstanciales o que esperan los trámites judiciales.
"El sistema carcelario brasileño no ofrece condiciones materiales y personales para cumplir la Ley de Ejecuciones Penales", admitió el ministro de Justicia, Nelson Jobim, en la justificación del decreto.
Ante esa realidad, es mejor recurrir a los mecanismos de control social, que pueden ser más eficientes que la "segregación carcelaria cara, inoperante y estigmatizadora", añadió.
Cada preso cuesta al pais cerca de 350 dólares al año, según el censo penitenciario, que refleja crudamente la inequidad social del país. El 95 por ciento de los presos son pobres y 85 por ciento no tiene como contratar un abogado.
Además, 87 por ciento no concluyó la enseñanza básica, 53 por ciento tiene menos de 30 años y 51 por ciento fue condenado por robo o hurto, 17 por ciento por homicidio y 10 por ciento por tráfico de drogas. (FIN/IPS/mo/ag/hd/96)
