La confusión y los aumentos excesivos provocados en Brasil por la liberación de los precios de la gasolina y el alcohol carburante a partir del día 1 confirmaron las dificultades para desestatizar la economía, un proceso que va más allá de la privatización de empresas.
La explosión de precios en las gasolineras superó en mucho el aumento esperado por el gobierno, cercano al 10 por ciento autorizado a las refinerias.
Hubo muchos casos de alzas superiores a 30 por ciento, asustando a las autoridades y elevando la gasolina a unos 70 centavos de dolar el litro.
Las reacciones de las autoridades fueron discrepantes. Hubo amenazas de volver al control oficial de precios, luego relativizadas.
El vocero presidencial, Sergio Amaral, señaló que ese retroceso sólo se aplicaría en áreas limitadas, en ciudades donde hay abuso y una sola o pocas gasolineras.
Los organismos de represión económica de que dispone el gobierno se pusieron en acción, ante el temor de efectos inflacionarios desastrosos. Para este mes, en consecuencia, ya se espera una inflación superior a uno por ciento, invirtiendo una tendencia de caída.
La Secretaría de Derecho Económico empezó a multar a las gasolineras de una red que controla 40 por ciento del comercio de combustibles en Brasilia por práctica monopólica, al aumentar sus precios en 16 por ciento.
Fueron 58 años de precios fijados por el gobierno, por lo que es natural la confusión al inaugurarse la libertad, condescendió la ministra de Industria y Comercio, Dorothea Werneck.
En las grandes ciudades, el gobierno espera que la competencia entre las distribuidoras y gasolineras ponga fin a los precios abusivos.
"El papel del consumidor es importante", rechazando los más caros y obligando a la rebaja, confió la ministra.
El problema tiene origen en el Programa Nacional del Alcohol (Proalcohol), creado por el gobierno en 1975 para sustituir el petróleo importado y alimentar los sueños estratégicos de autosuficiencia energética del país, impulsados por el gobierno militar de entonces.
El Proalcohol respondía al choque del petróleo, cuando Brasil producía menos de 10 por ciento de su consumo y las importaciones del crudo generaban un creciente déficit comercial y aumento de la deuda externa.
El proyecto exigió enormes subsidios para ampliar el cultivo de caña de azúcar y fuerte intervención gubernamental para asegurar la producción de alcohol, evitando por ejemplo que precios más ventajosos del azúcar afectasen el abastecimiento de automóviles impulsados por el combustible alternativo.
La economía azucarera ya era rígidamente regulada por el gobierno, que controlaba las exportaciones y subsidiaba la producción en áreas menos competitivas, como el noreste, para asegurar empleos e impedir mayores desequilibrios económicos regionales.
Los subsidios al sector ya acumulan más de 11.000 millones de dólares, y la empresa estatal Petrobrás se queja de crecientes pérdidas, al ser obligada a comprar el alcohol de las destilerías por un precio muy superior al de venta.
El gobierno autorizó el aumento de 10 por ciento en la gasolina de las refinerías suministrada a las distribuidoras, para solucionar el problema, pero Petrobrás estima que sólo redujo las pérdidas mensuales de 120 millones de dólares a 80 millones.
También para las destilerías la medida poco soluciona. De las 346 instaladas en el pais, 80 están prácticamente quebradas, 200 necesitan un gran esfuerzo para mantenerse y solo 66 son eficientes, admitió la ministra de Industria y Comercio.
Además, ellas acumulan una deuda vencida de 4.500 millones de dólares al estatal Banco do Brasil, que por ser utilizado por el gobierno para ejecutar políticas económicas, también está en crisis y exigió una ayuda gubernamental de 8.000 millones de dólares para mantenerse a flote.
La economía del alcohol de azúcar de caña es uno de los "agujeros" por donde se van los recursos públicos y que el presidente Fernando Henrique Cardoso dijo que era necesario cerrar.
Las privatizaciones de empresas en Brasil han buscado más bien ese objetivo que el de propiciar ingresos.
El ministro de Hacienda, Pedro Malán, decidió eliminar todos los subsidios al Proalcohol hasta 1997. El aumento actual de los combustibles tuvo por fin iniciar ese proceso y preparar la restructuración del sector.
Con la quiebra del monopolio del petróleo, hasta ahora en manos de Petrobrás, y la apertura de la generación y distribución de electricidad a capitales privados y extranjeros, Brasil trata de desestatizar el gigantesco sector de energía, un cambio que no se limita a la venta de algunas empresas estatales. (FIN/IPS/mo/ag/if/96)
