La tregua de Semana Santa duró muy poco en Bolivia, donde gobierno y trabajadores mantienen un prolongado conflicto por la privatización de la empresa petrolera estatal.
La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó un acuerdo firmado por los trabajadores petroleros y no aceptó la propuesta de aumento salarial formulada por el Ejecutivo.
En respuesta, el gobierno dio por concluídas las conversaciones y ratificó que ni retrocederá en su decisión de transferir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a consorcios privados extranjeros, ni revisará su oferta de incremento salarial variable entre nueve y 13 por ciento.
Ante el fracaso de las negociaciones, los sindicatos bolivianos decidieron radicalizar las protestas, con nuevos grupos en huelga de hambre, la continuidad de la huelga general indefinida y nuevas movilizaciones en las ciudades del país.
La Confederación de Campesinos de Bolivia manifestó su adhesión al movimiento y anunció que a partir de este miércoles iniciará bloqueos de caminos y carreteras.
Con esas decisiones, se prevé que la violencia volverá a las calles, que hasta la anterior semana se convirtieron en campos de batalla entre policías y trabajadores, con manifestaciones de protesta hasta ahora desconocidas, como saqueos y destrucción de automóviles.
Según la COB, hasta este martes existían más de mil trabajadores que en diferentes puntos del país cumplían una huelga de hambre iniciada el 11 de marzo, número que podría aumentar a partir de este miércoles.
La huelga general indefinida, iniciada el 18 de marzo, mantiene paralizada la educación pública.
La COB desconoció el borrador de acuerdo que el último sábado firmó con el gobierno su afiliada Federación de Petroleros, en el que se convenía llevar adelante la "capitalización" (una forma de privatización) de YPFB con algunas reservas, como mantener el carácter estatal de las refinerías.
La capitalización, según la define el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, consiste en la asociación con extranjeros que, a condición de invertir, se convierten en propietarios del 50 por ciento de las acciones de la empresa capitalizada y se hacen cargo de su administración.
El plan del gobierno para YPFB consiste en privatizar las gasolineras y distribuidoras de la empresa petrolera, las actividades de exploración y producción de campos petroleros, el transporte de combustible a Argentina, Brasil y Chile, y la operación de los ductos internos.
Las actividades que quedarían aún bajo propiedad estatal en la propuesta gubernamental son la refinación de hidrocarburos, la operación de algunos ductos y la comercialización al por mayor de combustible.
La COB rechaza la capitalización de YPFB, la empresa más importante, grande y rentable del Estado boliviano, porque considera que entregarla a capitales extranjeros vulneraría la soberanía nacional y el futuro del país, que en gran medida depende de sus utilidades.
Los sindicalistas afirman que dejar en manos del Estado las refinerías y la distribución de hidrocarburos y aceptar que la exploración, explotación, producción y transporte quede en poder privado es "como ser dueño de la vaca pero no de la leche".
Frente al argumento gubernamental de que YPFB necesita inversiones, la COB respondió que las mismas debían hacerse con recursos generados por la propia empresa y con los ingresos de las ya capitalizadas: telecomunicaciones, ferrocarriles, electricidad y Lloyd Aéreo Boliviano.
En medios políticos se estima que si el gobierno no ha decretado hasta ahora un estado de sitio es sólo por cuidar su imagen frente a los cancilleres de los países del Grupo de Río y de la Unión Europea, que se reunirán la próxima semana en Cochabamba, 370 kilómetros al este de La Paz. (FIN/IPS/jcr/ag/ip- if/96)
