El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, acertó cuando al iniciar su mandato, en 1993, pronosticó que la privatización de la empresa estatal de petróleo sería "la madre de las batallas" de su gestión: la huelga obrera y violencia de estos días así lo demuestran.
La célebre frase utilizada por el presidente de Iraq, Sadam Hussein, durante la guerra del Golfo, en 1991, describe con ironía la mayor diferencia de opinión de los últimos años entre un gobierno intransigente y renuente a ceder, como pocos, y los radicales dirigentes sindicales bolivianos.
El tema de la discordia, la denominada "capitalización" (privatización parcial) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa más grande y rentable del Estado, ha suscitado la semana que concluye una violencia hasta ahora desconocida en este país, tradicionalmente tranquilo.
Así, la ciudad sede del gobierno estrenó nuevas formas agresivas de protesta: automóviles quemados, saqueos en comercios, rotura de vidrios de oficinas y domicilios particulares, uso de explosivos y otras manifestaciones de disconformidad en jornadas agitadas y de paro laboral.
La protesta de trabajadores y pobladores de La Paz apuntó en particular a los intereses de algunas empresas chilenas que operan en Bolivia, como la ferroviaria Cruz Blanca, que ahora administra los ferrocarriles de este país, y la empresa de aviación comercial Lan Chile.
Esa reacción puso en riesgo incluso las varias inversiones de capitales chilenos en territorio boliviano y motivó al gobierno de Estados Unidos a exigir a su similar de Bolivia garantías y acuerdos concretos de protección policial para las empresas estadounidenses asentadas en este territorio.
Ni siquiera el llamado de la Iglesia Católica a un "desarme espiritual" en Semana Santa pudo contener la protesta ni los enfrentamientos entre trabajadores y policías, mientras el diálogo entre sindicalistas y gobierno parece haber tocado fondo en la difícil búsqueda de concertación.
Ante la gravedad de la situación, el propio presidente Sánchez de Lozada decidió encabezar las conversaciones con los dirigentes sindicales, y tras largas jornadas de negociación las partes acordaron en algunos puntos secundarios pero no así en los más importantes.
Hasta ahora, gobierno, petroleros y Central Obrera Boliviana (COB) coincidieron en la necesidad de construir el gasoducto de 2.233 kilómetros para la exportación de gas natural al Brasil, inversiones para el desarrollo, y en la necesidad de que el Estado mantenga el dominio de los yacimientos hidrocarburíferos.
La estrategia del gobierno en esta materia consiste en plantear que YPFB será viable sólo con una ley de hidrocarburos favorable a las inversiones extranjeras, más la "capitalización" de la empresa del petróleo y la exportación de gas natural a Brasil.
Sin embargo, los desacuerdos se refieren precisamente a los puntos neurálgicos de este conflicto.
"Hay discrepancias de fondo en el tema de las refinerías petroleras, de los ductos y de la red de comercialización de hidrocarburos: el gobierno quiere privatizarlos y la COB se opone", resumió el dirigente sindical Carlos Camargo.
En las reuniones COB-gobierno incluso participan representantes de organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.
Los ejecutivos de esos organismos, financiadores del ajuste estructural de la economía boliviana y -por tanto- del proyecto de "capitalización", explicaron a los dirigentes sindicales los alcances del proyecto de exportación de gas a Brasil y del plan de transferencia de YPFB al sector privado extranjero.
También la mayoría de los partidos de oposición cuestionan el plan de "capitalización" de YPFB, tras estériles reuniones que el presidente Sánchez de Lozada sostuvo con representantes de dirigentes opositores.
"Es hora de decisiones: son más de 2.843 millones de dólares que se van al extranjero o se quedan en el país. Hay otros caminos para vender el gas sin enajenar YPFB", dijo el senador Leopoldo López, del opositor Movimiento de Izquierda Revolucionario, del ex presidente Jaime Paz Zamora.
Pero Sánchez de Lozada ha anunciado reiteradamente que no retrocederá en su decisión de "capitalizar" YPFB, y más bien advirtió que los enfrentamientos entre bolivianos ponen en riesgo la futura venta de gas natural a Brasil, considerado el proyecto comercial energético más grande de la región.
De concretarse ese megaproyecto, ya acordado en un contrato bilateral, Bolivia venderá a Brasil más de ocho millones de metros cúbicos diarios de gas natural durante siete años y el doble de ese volumen en los siguientes 13 años.
Para el presidente boliviano, la venta del gas a Brasil depende directamente de la capitalización de YPFB, porque considera que en las actuales circunstancias esta empresa -debilitada y con reservas que no fueron probadas por falta de inversiones- no podría responder al desafío.
"No vaya a ser que despertemos un día y se haya esfumado el proyecto del gasoducto por estar peleando entre nosotros" (los bolivianos), alertó este jueves Sánchez de Lozada.
Pero tal como van las negociaciones, será muy difícil que la COB acepte el plan de privatización de la empresa estatal del petróleo y entonces, señalan los analistas, el gobierno podría decidir continuar de todas maneras con su plan, apoyándose incluso en un estado de sitio para aplacar las protestas.
Los observadores que pronostican que se decida un estado de sitio se apoyan en la experiencia del pasado año, cuando pese a existir conflictos menores al actual, Sánchez de Lozada aplicó la medida de excepción dos veces consecutivas. (FIN/IPS/jcr/dg-if-ip-lb/96)
