De un lado los familiares de las víctimas de la represión ilegal de los años 70 que reclaman justicia, del otro, militares que reivindican la acción represiva. En el medio, un campo virtual de resentimiento y venganzas sigue ensombreciendo a la sociedad argentina.
El médico policial Jorge Bergés, acusado por gravísmas violaciones de los derechos humanos, fue víctima de un atentado a balazos. Este jueves, el Hospital Naval donde permanece internado en grave estado y con respirador artificial, fue blanco de una explosión.
Una garrafa con pólvora y piezas de metal fue detonada por la policía luego de una llamada telefónica en la que la autodenominado Organización Revolucionaria del Pueblo, que se adjudicó el atentado, advirtiera que la haría explotar si el ex represor no era sacado del Hospital Naval.
Pese a la vigilancia, el edificio amaneció con las paredes pintadas con consignas que reclamaban la salida del médico represor, como si el hospital fuera su refugio.
Bergés no sólo se constituyó en el único represor atacado con armas por un grupo que se arroga el derecho de "vengar al pueblo argentino", según declaró en Uruguay uno de los presuntos agresores.
El atentado es símbolo de una sociedad que rechaza los métodos violentos de los años 70, pero que tampoco puede digerir la impunidad con la que actúan los victimarios, responsables de la desaparición de 30.000 personas durante la dictadura militar (1976- 83).
"Las Abuelas de Plaza de Mayo rechazamos la justicia por mano propia. Ningún familiar afectado por la brutal represión de los dictadores, sus cómplices y colaboradores intentó o pensó siquiera en vengarse", afirmó Estela Carloto, presidenta de la entidad que busca a niños desaparecidos.
Pero Carloto, como prácticamente todos los dirigentes humanitarios, advirtió tambíen que nada de esto hubiera ocurrido si Bergés, acusado de torturar a detenidos, robar niños y entregarlos con documentos falsos, estuviera en prisión e inhabilitado de seguir ejerciendo como médico.
Una idea similar tienen los dirigentes de Quebracho, la organización izquierdista que actuó con violencia en las últimas manifestaciones de jubilados, empleados estatales y de universitarios de Argentina.
"Es lógico que en un país donde hubo leyes de obediencia debida, punto final e indulto haya grupos que quieran hacer justicia por su mano", dijo Guillermo Cañasca, aunque puntualizó que esta vez Quebracho no participó en el operativo.
Bergés fue beneficiado con la ley de obediencia debida que liberó de proceso a centenares de policías y militares que participaron en la represión.
Pero sus jefes tampoco purgan penas, ya que los ex comandantes y otros oficiales fueron indultados por el presidente Carlos Menem.
La ola de "arrepentidos" que sacudió la memoria de los argentinos hace poco más de un año, cuando un marino reveló que en 1977 la Armada arrojaba a prisioneros vivos al mar desde un avión militar, no hizo más que acentúar la indignación por la falta de castigo a los responsables.
El ministro del Interior, Carlos Corach, aseguró este jueves que las explosiones en el Hospital Naval, y las anuncios telefónicos de bombas que comenzaron desde el ataque, "no amenazan a la seguridad pública".
Desde el ataque a Bergés, la agrupación Hijos de desaparecidos denunció que sus miembros reciben constantes amenazas de muerte y son perseguidos por la calle por desconocidos que los amenazan con terminar como sus padres.
Esta semana, un humorista político fue golpeado, robado y mantenido cautivo durante 15 minutos, una actriz recibió llamadas anónimas que le advertían sobre un atentado con bomba en su casa, un periodista de televisión recibió la misma advertencia y en dos escuelas amenazaron con bombas.
El ministro Corach no descartó que la ola de amenazas haya comenzado con el polémico discurso de Mario Cándido Díaz, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que el día 2 reivindicó la represión militar.
Díaz respondió así a las severas críticas de los organismos humanitarios, vertidas el 24 de marzo, con motivo del vigésimo aniversario del último golpe militar, cuando miles de manifestantes se congregaron para repudiar la represión y la impunidad. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96)
