La sombra de la corrupción en Argentina se extendió hoy sobre dos importantes opositores de distintos partidos, pero con algo en común: ambos fueron candidatos a la presidencia y salieron segundos en la competencia con Carlos Menem que ganó en 1989 y 1995.
Eduardo Angeloz, quien gobernó durante 12 años la central provincia argentina de Córdoba y fue candidato presidencial por la opositora Unión Cívica Radical en 1989, enfrenta hoy una grave sospecha por enriquecimiento ilícito, una causa por la que podría ser encarcelado en los próximos días.
José Octavio Bordón, segundo en los comicios presidenciales de 1995 en representación del opositor Frente País Solidario, deberá responder a una indagación judicial que investiga si hubo administración fraudulenta en su gestión como gobernador de la occidental provincia de Mendoza.
De esa manera, las sospechas de corrupción, que hasta ahora estaban centradas principalmente en el oficialismo y las fuerzas de seguridad, se extendieron a todo el arco político, contribuyendo a erosionar la confianza de la población en los dirigentes.
En Argentina, la corrupción era el principal tema de preocupación de la población hasta hace pocos años. Pero el desempleo, que trepó de 6,2 a 18,6 por ciento entre 1991 y 1995, llevó a los consultados en encuestas a señalar la falta de trabajo como primer problema a resolver en el país.
No obstante, el analista político Rosendo Fraga vaticinó este viernes que cuando mejore la situación económica, el tema de la corrupción volverá a ocupar el primer lugar en la nómina de desvelos, porque "la gente cada vez la tolera menos", advirtió.
Según una encuesta realizada a 2.800 empresarios en todo el mundo y difundida en Davos, Suiza, en febrero de este año, Argentina saca cinco puntos en una escala de calificaciones de uno a 10, en la que se evaluó a 41 países.
"Antes la corrupción estaba asociada a Menem y su entorno, pero ahora es todo el sistema político, incluída la oposición, y la gente no lo tolera", remarcó Fraga.
Angeloz fue designado senador en 1995, tras abandonar el cargo de gobernador de Córdoba en medio de un caos económico. Ahora la justicia pidió su desafuero para quitarle la protección que impide procesarlo en una causa por enriquecimiento ilícito.
Junto a otras 14 personas, entre ellas dos de sus hijos y un yerno, Angeloz aparece involucrado en la causa en la que se investiga si se enriqueció ilegalmente hasta acumular un apreciable patrimonio como el que tiene hoy a nombre de presuntos testaferros, según consta en la requisitoria del juez.
La principal empresa de Angeloz evidenció una gran expansión a partir de su primera asunción como gobernador en 1983, con inversiones estimadas en 10 millones de dólares en campos, empresas, edificios, casas, cadenas de pizzerías y medios de comunicación durante la siguiente década.
El juez que lleva adelante la causa, Manuel Molina, consideró que en caso de obtener el desafuero del senador podría dictarle la prisión preventiva dados los méritos ya existentes para su procesamiento.
Pero Angeloz respondió que no renunciará a sus fueros sino que se limitará a "no obstaculizar la labor de la justicia", una aclaración que contribuyó aumentar las dudas de la opinión pública sobre su auténtica de voluntad de colaborar en el esclarecimiento del caso.
En tanto Bordón, quien renunció a la banca de senador este año tras una polémica dentro de la alianza que se situó segunda en los comicios presidenciales de 1995, fue también blanco de la justicia.
El caso de Bordón es menos comprometido que el de Angeloz. Sólo se trata de un pedido de indagación que podría derivar en su sobreseimiento en caso de que demuestre inocencia.
La magistrada Estela Garritano lo investiga junto a otros ex funcionarios de su gobierno provincial por "administración fraudulenta y fraude a la administración pública" por la contratación directa de sistemas informáticos de la multinacional IBM para la administración estatal.
En 1991, Bordón habría arrendado equipos y programas de computación por 50 millones de dólares mediante contratación directa. Los equipos, contratados sin licitación, resultaron obsoletos y las condiciones del contrato "leoninas", según los expertos que intervienen en la pesquisa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió inclusive que se investigue si Bordón tiene alguna cuenta bancaria secreta en Uruguay.
La causa contra Bordón es un coletazo del proceso por fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público que se sigue contra el ex presidente del Banco Nación, Aldo Dadone, un estrecho colaborador del ministro de Economía, Domingo Cavallo.
IBM fue elegida para proveer de sistemas y servicios al Banco Nación por 250 millones de dólares mediante contratación directa, pese a que el precio presupuestado era muy superior al de mercado.
La justicia sospecha que hubo 37 millones de dólares en sobornos que habría pagado la multinacional, y que estarían depositados en una cuenta secreta en Suiza. Hasta ahora dictó 30 procesamientos y la Fiscalía pidió prisión preventiva para dos ex funcionarios, entre ellos Dadone. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96)
