Un hombre fue golpeado, secuestrado y sometido hoy a un simulacro de fusilamiento en Argentina. Se trata del esposo de una abogada que investigó y denunció una práctica de corrupción muy extendida en la policía de la provincia de Buenos Aires.
El secuestro fue el más grave de una serie de hechos violentos que se sucedieron desde el martes, perpetrados por desconocidos que estarían aplicando procedimientos propios de una mafia para repeler las denuncias que implican a la policía y al menos a cinco estudios jurídicos.
La denuncia, respaldada por el Colegio de Abogados de la localidad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, señala que la policía de esa localidad, recibía pagos ilegales por cada accidente en la vía pública derivado a un estudio predeterminado que le cedía la "comisión".
Las "tarifas", estipuladas en un listado que fue presentado a la Fiscalía, van desde 1.000 a 9.000 dólares según la víctima haya sufrido una fractura de cráneo sin pérdida de conocimiento, la pérdida de los dos globos oculares o una fractura de columna que le cause parálisis.
Nucleamientos de abogados aseguraron que la práctica está extendida en toda la provincia y se basa en la facultad que tiene la policía para hacer allí la instrucción de un sumario, un procedimiento que en otros distritos lo lleva a cabo la justicia.
Al menos 17 colegios de abogados de la provincia se habían reunido a fines de 1995 con funcionarios para denunciar la generalización de estos procedimientos que perjudicaban a los estudios que trabajan legalmente.
"Los oficiales de la provincia de Buenos Aires saben que al llegar a ese nivel tendrán un sobresueldo por la venta de los juicios", aseguró Ricardo Huñis, profesor de derecho penal de la Universidad de Buenos Aires, quien asegura que hace tiempo se conocía esta práctica.
El propio jefe de la policía de la provincia, Pedro Klodzcyk, admitió que este comportamiento delictivo podría haberse generalizado dentro de la institución.
Este miércoles, en la localidad de Escobar, un hombre reveló que al realizar la denuncia correspondiente por un accidente de tránsito, el policía insistió en consultar a un "especialista" y no a su propio abogado.
"Si usted le da el caso a éste abogado, el asunto será más acelerado porque nosotros buscamos como testigos a dos personas cualesquiera que anden por la calle y los hacemos comparecer como testigos", le habría dicho el agente encargado del sumario de instrucción.
Ese mismo día, dos desconocidos irrumpieron en el Colegio de Abogados de Campana, tomaron como rehenes a los abogados allí presentes, revisaron los papeles durante más de dos horas y se fueron. Ni siquiera se cubrieron el rostro.
También hubo hombres que ingresaron en los últimos días a los estudios de al menos seis abogados, que destrozaron los vidrios de sus automóviles y los amenazaron de muerte.
Pero el caso más grave sucedió este jueves, cuando Eduardo Morgarelli, esposo de la abogada Silvia Tomatis, una de las denunciantes y que sufrió el robo en su estudio, fue secuestrado, metido en el baúl de su automóvil y golpeado salvajemente.
En un paraje oscuro después de un largo recorrido, los dos desconocidos se detuvieron, abrieron el baúl y lo golpearon, repitiendo esta práctica cuatro veces. Después de la última lo obligaron a tirarse al suelo y le dispararon muy cerca, aunque sin apuntarle directamente al cuerpo.
Esta práctica había sido denunciada por organismos humanitarios como muy frecuente durante la última dictadura en la represión ilegal, cuando los prisioneros eran sacados de noche a la intemperie, desnudos, y se los enfrentaba a un pelotón de fusilamiento que luego no los mataba. (FIN/IPS/mv/ag/ip-hd/96)
