La demora en dictar sentencias y la superpoblación carcelaria en la provincia argentina de Buenos Aires, adonde van a parar 41 por ciento de los presos del país, son las claves para explicar la ola de motines que se desató el sábado en este país.
Las revueltas causaron hasta ahora la muerte de cuatro reclusos y decenas de heridos, mientras que 27 rehenes permanecen en poder de los detenidos.
Lo sucedido en Argentina coincide con una rebelión estallada desde hace seis días en la cárcel brasilera de Aparecida de Goiania, cercana a Brasilia.
Allí 30 reclusos mantienen como rehenes a 18 personas y han demandado a las autoridades armas y vehículos para escapar, así como no ser inmediatamente perseguidos por la policía.
Las condiciones de detención, en particular la superpoblación carcelaria, figuran entre las causas centrales de la rebelión en ambos países.
Más de 2.000 presos de cinco cárceles de la provincia de Buenos Aires se mantenían este martes amotinados, en tanto los prisioneros de otros tres centros de reclusión se solidarizaron mediante huelgas de hambre y petitorios elevados a la justicia para pedir mejores condiciones de prisión y aceleración de las causas.
Las cárceles de la provincia fueron declaradas "en emergencia" hace un año por el Ministerio de Justicia, antes de anunciar la construcción de nuevos penales para neutralizar el hacinamiento.
Pero mientras los proyectos se concretan, las cárceles albergan a casi 10.000 prisioneros, de los cuales alrededor de 60 por ciento no tienen condena. Se trata de una cifra que supera en 40 por ciento la capacidad de los penales.
Las autoridades penitenciarias y judiciales efectuaban este martes urgentes gestiones para que los presos liberen a los rehenes y depongan la actitud rebelde.
No obstante, aún no fue posible confirmar si, efectivamente, son cuatro los muertos en las revueltas tal como trascendió.
El primer motín se produjo el sábado en la cárcel de Sierra Chica, cuando un grupo de cinco reclusos intentó fugarse y fue reprimido con disparos por las fuerzas de seguridad. Los presos se rebelaron conducidos por quienes intentaban escapar y elevaron un petitorio a la justicia.
En Sierra Chica, los prisioneros tienen a 17 rehenes, entre ellos a una mujer, la jueza Maria Malere, que estaría actuando como mediadora en la crisis.
Los presos reclaman que se aceleren las causas penales demoradas en la justicia, el cumplimiento del Pacto de San José de Costa Rica, que prevé la reclusión separada de procesados y condenados, y la puesta en vigor de la ley llamada "2 por 1".
Dicha norma, aprobada en 1994, permite contabilizar por dos días de condena cada día de prisión preventiva, de manera tal que si se demora la causa el tiempo purgado durante el proceso de descuente del tiempo de la sentencia.
Las cárceles de la provincia de Buenos Aires son las más deterioradas del país.
"La de Sierra Chica no es un presidio, es una pocilga infecta y terrorífica, levantada en un edificio de más de 100 años en el que hace un frío aterrador en invierno", describió el criminólogo Elías Neuman, profesor de derecho y ciencias sociales.
Neuman considera que en las actuales condiciones de reclusión, "mandar a una persona a la cárcel es aplicarle una pena de muerte extrajudicial. Son muertes indefensas, sin juicio, muertes causadas por la desidia de los órganos del Estado", sentenció. (FIN/IPS/mv/dg/pr-ip/96)
