El gobierno argentino cerró filas hoy en torno al ministro de Defensa Oscar Camilión, cuestionado por la oposición y señalado por la justicia por su presunta responsabilidad en la venta ilegal de armas a Ecuador durante la guerra con Perú a principios de 1995.
El presidente Carlos Menem, quien colocó el sábado a Camilión al frente de las investigaciones en su ministerio y en las Fuerzas Armadas por el caso de trasiego de armas, explicó este lunes que si su ministro fuera responsable "no lo hubiera puesto al frente de la investigación".
Por su parte, el ministro de Justicia, Rodolfo Barra, consideró que el gobierno, y Camilión particularmente, fueron "víctimas de un engaño". "No se puede considerar como responsable a la víctima, a la persona que fue defraudada", dijo en alusión al ministro.
La oposición razonó de manera inversa. "Si el ministro sabía lo que pasaba es responsable por acción, y si lo ignoraba por omisión, pero en los dos casos es responsable y debe renunciar", acusó el diputado de la opositora Unión Cívica Radical Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa.
Camilión había reconocido el año pasado ante el Congreso que oficiales de la aviación le advirtieron de la triangulación pero indicó que él no ordenó detener la maniobra porque consideró que se trataba de un rumor sin consecuencias.
Legisladores radicales estimaron "ridículo" y "paradójico" que el ministro sea puesto a la cabeza de la pesquisa el sábado, un día después que la justicia decidiera "profundizar en el conocimiento" que pudo haber tenido el ministro en el caso.
El escándalo por la venta de armas se desató en Argentina en marzo de 1995, cuando el matutino Clarín de Buenos Aires se hizo eco de la denuncia de un periódico de Peru y señaló que estaban llegando a Ecuador armas argentinas que, supuestamente, habían sido vendidas a Venezuela.
Argentina es uno de los países garantes de la paz entre Ecuador y Perú, y mientras la diplomacia mediaba para frenar las hostilidades pertrechos fabricados en este país llegaban a Ecuador.
El escándalo derivó en el procesamiento de cuatro funcionarios de Defensa, pero la semana pasada Clarín advirtió que la empresa ecuatoriana Prodefensa había amenazado con un juicio al Estado argentino por el incumplimiento de una parte del negocio.
Prodefensa denunció en la embajada argentina en Quito que Fabricaciones Militares, empresa argentina dependiente de Defensa, debe una última entrega que ya fue abonada por Ecuador con ocho millones de dólares en efectivo y por adelantado.
Según fuentes de la compañía, responsables de la fábrica militar y del Ministerio de Defensa prometieron saldar la operación con la entrega de armas provenientes de Irán, una propuesta que incrementó los decibeles del escándalo.
Argentina e Irán mantienen una relación de nivel de encargado de negocios tras el último atentado antijudío que tuvo lugar en Buenos Aires en 1994, debido a las sospechas de que la embajada iraní podría haber participado con apoyo logístico del ataque, en el que murieron 89 personas. (FIN/IPS/mv/dg/ip/96)
