AMERICA LATINA: Los condenados de la tierra

Los condenados de la tierra que hace 40 años describió con crudeza el argelino Frantz Fanon delimitan con su sangre la herencia que reivindican, como volvió a ocurrir esta semana en la Amazonia brasileña.

La cuestión de la tierra tiene en América Latina una antigüedad de 500 años y una actualidad amenazante. Se remonta al momento en que los conquistadores europeos despojaron a las civilizaciones indígenas de su libertad y cultura y conforma una larga historia de sublevaciones y especialmente, de represión.

La orden de "mano dura" frente a la movilización de colonos sin tierra lanzada por la gobernación del norteño estado de Pará provocó el miércoles la mayor matanza de campesinos en los últimos 10 años en Brasil.

Cerca de 30 de los 4.000 hombres y mujeres que ocupaban una ruta en el municipio de Eldorado de Carajas resultaron muertos, aunque el recuento de víctimas aún no está completo, pues los dirigentes del Movimiento sin Tierra aseguran que hay unos 100 desaparecidos.

Junto a ese trágico caso, la lucha por parcelas de supervivencia tuvo también instancias desde principios de mes en Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Colombia.

El episodio de Eldorado de Carajas fue seguido este viernes por la renuncia del ministro brasileño de Agricultura, José Eduardo Andrade Vieira. Y frente a la masacre, el presidente Fernando Henrique Cardoso advirtió que "el Brasil arcaico debe dar lugar al Brasil moderno".

Brasil figura desde hace 20 años en la lista de las mayores potencias industriales del mundo y desde siempre, entre los países de peor distribución del ingreso.

No es mejor la situación social en México, donde indígenas del sur se sublevaron a principios de 1994 en procura de lograr reivindicaciones ya exigidas en la segunda década de este siglo por el héroe nacional Emiliano Zapata.

Fueron necesarios nueve meses de movilizaciones y la vida de un manifestante para que campesinos de Tepoztlán, una zona situada 120 kilómetros al sur de ciudad de México, lograran hace una semana detener las obras de un clun de golf que amenazaban su medio de vida.

En presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, advirtió el jueves que las fuerzas de seguridad reprimirán con dureza la invasión de tierras.

Arzú respondió enérgicamente ante la muerte de un comisario a que integraba el continente de policías enviado por la justicia al desalojo de una hacienda ocupada. La llamada Fuerza de Reacción Inmediata se lanzó al ataque con bombas de gas lacrimógeno y los campesinos se defendieron con machetes y palos.

Los campesinos, que habían tomado hace nueve meses la finca El Tablero, cerca de la frontera con México, sostienen sus derechos con títulos de propiedad de la época colonial. Tuvieron cuatro heridos en el incidente.

Más de 20 haciendas de encuentran ocupadas en Guatemala por trabajadores del campo que reclaman tierras.

Mientras, el ejército, los guerrilleros y los grupos paramilitares provocaron en la segunda mitad del último año 10 éxodos de pobladores del campo en Colombia.

La semana pasada se saldó el último incidente de importancia, cuando 280 familias que permanecían refugiadas en el Instituto para la Reforma Agraria (Incora) pudieron regresar a su hogar.

El grupo desplazado denunció ataques de una organización paramilitar que pretende expulsarlos de una hacienda del norteño departamento de César o adquirir esas tierras a bajo costo.

Los paramilitares incendiaron en febrero las viviendas de la hacienda Bella Cruz, ocupada desde hace siete años por los campesinos. Finalmente, el Incora se comprometió a proteger a esas familias y a gestionarles títulos de propiedad sobre la finca, de 12.000 hectáreas.

La invasión de tierras recrudeció a principios de este mes en Paraguay, y unos 400 indígenas hondureños llegaron el jueves a Tegucigalpa, decididos a comenzar una huelga de hambre en procura de alimentos y semillas.

La presión de los campesinos sin tierra de Paraguay es una constante desde 1989, cuando cayó la dictadura de Alfredo Stroessner. Cerca de 85 por ciento de la superficie productiva del país está en poder de siete por ciento de la población, según estadísticas oficiales.

Por último, los indígenas lencas y chortis que convergieron sobre la capital hondureña advierten que están bajo la amenaza de una nueva hambruna, semejante a la que sufrieron hace cuatro años.

Las duras condiciones del clima observadas a fines de 1995 destruyeron las cosechas de maíz y frijoles, los productos básicos de la dieta de los indígenas. (FIN/IPS/ff/pr/96).

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