La crisis colombiana, un plan conjunto Estados Unidos-México, nuevos datos que ligan a capos y poder en la zona y temores de que el narcotráfico sea pretexto para demorar la entrega del Canal de Panamá confirman la militarización del tema de las drogas en América.
En Colombia la guerrilla lanzó una ofensiva de dos días que incluyó tomas de poblaciones, emboscadas contra las Fuerzas Armadas, atentados con bombas, incendios y voladuras de gasoductos, con numerosos muertos y heridos.
Bajo la consigna de "paro armado" la insurgencia colombiana convocó a un gran acuerdo nacional para reemplazar al presidente Ernesto Samper y lo que denominó "su narcogobierno".
Aunque el comandante del Ejército del país sudamericano, Harold Bedoya, dijo que la ofensiva no logró paralizar la producción, la salida institucional a la crisis gubernamental pareció complicarse.
La comisión legislativa que debía juzgar los vínculos de Samper con el narcotráfico suspendió su actividad este martes porque 12 de sus 15 miembros, incluído su titular, fueron denunciados por los mismos nexos ilícitos que debían investigar.
El lunes el presidente de Estados Unidos Bill Clinton anunció un enésimo plan antidrogas conjunto entre los gobiernos de su país y México, calificado una vez más de "enérgico", en medio de declaraciones coincidentes sobre un agravamiento del problema del narcotráfico.
Se trata de un asunto con repercusiones muy sensibles en este año electoral estadounidense debido a que, según las propias autoridades, 22 millones de adictos concentran en Estados Unidos 70 por ciento del consumo mundial de estupefacientes.
El fin de semana último el general Barry McCaffrey, jefe antidrogas estadounidense, reveló en México los primeros acuerdos de la historia para la colaboración operativa entre los ejércitos de ambos países vecinos, precisamente en torno al narcotráfico.
No sólo intercambio de informes de inteligencia y capacitación sino datos sobre la defensa de fronteras y el propio espacio aéreo de loss dos países son tópicos involucrados en el pacto, que rompe una larga tradición de autonomía de las fuerzas armadas mexicanas.
Otros son cuantificar la amenaza, crear una estrategia común, reducir la demanda, elevar el control fronterizo, atacar el tráfico de metanfetaminas (que aumentó notablemente en Estados Unidos), vigilar los precursores químicos y combatir el lavado del dinero.
Además se prevé cooperar en la aplicación de la ley, mejorar mecanismos para detenciones rápidas, acelerar flujos informativos, "negar territorio" a los narcotraficantes cortando rutas por aire, mar y tierra e incorporar alta tecnología.
La mayoría de estos puntos no son novedosos y numerosos documentos de carácter bilateral e internacional relacionados con la lucha antidrogas y suscriptos por los gobiernos de los dos países los incluyen desde hace muchos años.
El acuerdo se conoció simultáneamente con una denuncia de un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el sentido de que el narcotráfico proveniente de México es "tolerado" por los gobiernos de ambos países.
Según el informante, que pidió el anonimato al semanario español Cambio 16, la CIA organiza atentados en Colombia, operó la fuga del luego eliminado jefe del cártel de Cali José Santacruz y sabe desde 1988 los nexos entre narcotráfico y oficialismo en México.
Por los 3.200 kilómetros de frontera de Estados Unidos con México pasan dos tercios de la droga que ingresa al mayor mercado mundial de estupefacientes, en parte procedente de América del Sur.
Se calcula en 30.000 millones de dólares anuales el monto de los fondos que manejan los cinco principales cárteles mexicanos de las drogas, y en 500.000 millones de dólares (también anuales) la suma que mueve este negocio ilegal en escala mundial.
Según el informante de Cambio 16 los homicidios del candidato presidencial y del secretario general del partido oficialista en México durante 1994 -Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu- se debieron a la guerra entre cárteles por el poder.
Por su parte en Panamá el subsecretario de estado para Aunstos Antinarcóticos de Estados Unidos, Robert Gelbart, dijo el lunes que en ese país centroamericano fronterizo con Colombia "se lavan miles de millones de narcodólares".
Añadió que "existe el riesgo" de que los cárteles de la droga se fortalezcan en la zona del Canal y dominen el territorio panameño tras la retirada de las tropas estadounidenses en el año 2000, prevista en el pacto internacional vigente.
El canciller panameño, Samuel Lewis Galindo, respondió que "no es la presencia militar de Estados Unidos la garantía de la lucha contra el narcotráfico, sino la voluntad soberana del país".
A su vez el experto Eduardo Menéndez declaró a IPS que las últimas informaciones en torno a la lucha antidrogas confirman que "tal como se está manipulando a nivel continental, sólo tiene un sentido culpabilizador y estigmatizador de un sujeto-otro".
Menéndez, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), dijo que tal "sujeto-otro" puede ser encarnado tanto por personas (adictos, capos y contactos narcos) como por grupos o fuerzas políticas y sociales.
El investigador del Ciesas sostuvo que "el problema de las drogas sigue creciendo porque, pese a sus inconvenientes, resulta aún funcional para la perpetuación del sistema de poder dominante en escala mundial". (FIN/IPS/emv/dg/ip-if/96)
