Jueces, policías antidrogas, agentes de aduanas, asesores parlamentarios y funcionarios de rango medio reciben capacitación en Costa Rica y otros países centroamericanos sobre nuevas leyes contra el narcotráfico.
La necesidad de los programas de capacitación está dada por la penetración del narcotráfico en América Central y los cambios operados en la legislación de la región y en el derecho internacional para enfrentar ese tipo de delincuencia.
La tarea está a cargo del Centro Regional de Desarrollo y Cooperación Jurídicos en América Central en materia de control de producción y tráfico de drogas (CEDEJU), que tiene sede en Costa Rica y fue creado hace dos años por acuerdo de los presidentes del istmo.
El centro proyecta nueve seminarios para el primer semestre del presente año, para ayudar a los funcionarios a aplicar la legislación nacional y manejarse dentro del nuevo marco jurídico surgido internacionalmente para combatir el narcotráfico y el lavado de dólares de la droga.
La labor abarca también la armonización de las leyes de todos los países del istmo, para coordinar el empleo de los recursos con que cuentan las autoridades contra el contrabando de drogas.
Benjamín Odio, director del CEDEJU, comentó que los países centroamericanos desconocen instrumentos internacionales dictados para enfrentar el narcotráfico.
"Muchos desconocen que, por ejemplo, la Convención de Viena contra el narcotráfico se puede aplicar para llenar los vacíos en las legislaciones nacionales", explicó Odio.
Ese desconocimiento es un obstáculo en la lucha contra las drogas, dado que favorece la impunidad de los delincuentes en países de débil administración de justicia, comentó Odio.
Actualmente se imparte un programa centroamericano de capacitación del que participan no sólo jueces y policías, sino también presidentes de las comisiones legislativas contra el narcotráfico, fiscales y autoridades aduaneras.
Al margen de los resultados inmediatos de los cursos, el CEDEJU espera promover a largo plazo una reforma generalizada de las leyes antinarcóticos en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, los países de América Central.
Odio citó la urgente necesidad de que esas naciones procedan a la plena aplicación de los instrumentos legales existentes y adapten a su legislación los lineamientos básicos acordados internacionalmente para frenar el tráfico ilegal de estupefacientes.
Entre tales documentos mencionó el Reglamento Modelo contra el lavado de dólares y el Reglamento Modelo para el control de precursores químicos, máquinas y elementos, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El centro recibe financiación del Programa de Naciones Ubnidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, de la OEA.
Con un millón de dólares provenientes de ambas instituciones, administrados por el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el CEDEJU impartirá seminarios y organizará talleres y una serie de cursos de capacitación, indicó Odio.
El CEDEJU coordina su actividad con la Comisión Centroamericana Permanente contra las Drogas, también creada por los presidentes centroamericanos.
La direción del centro se propone "sentar las bases para armonizar, con la Convención de Viena, la legislación centroamericana sobre control de drogas, lavado de dólares y delitos conexos con la Convención de Viena", informó Odio.
La Convención de Viena, aprobada en 1988 y respaldada por todos los países centroamericanos, compromete a sus adherentes a incorporar a su legislación los principios fundamentales para el control de la producción y tráfico ilícitos de drogas y del lavado de dinero.
En su primer año de funcionamiento, el centro realizó el estudio comparado de la legislación de las naciones centroamericanas y sus conclusiones fueron tomados de referencia para algunos fallos judiciales, destacó Odio.
La capacitación de funcionarios y la armonización jurídica están orientadas a superar las debilidades presentes en el sistema de justicia de países que fueron escenario de guerras "y a llenar lagunas legales" aprovechadas con frecuencia por los narcotraficantes, agregó.
De conformidad con su mandato, el centro ofrece sus servicios en cuatro líneas de acción.
Se trata del diagnóstico para armonizar instrumentos legales, la capacitación especializada de los funcionarios encargados de aplicar la ley, el intercambio de información y la asistencia técnica para promover la cooperación jurídica regional. (FIN/IPS/jlf/ff/ip/96).
