Organizaciones ambientalistas de Ecuador impugnaron un decreto que permite la explotación minera en áreas naturales protegidas por el Estado.
Según voceros de Acción Ecológica, Ecociencia y el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la naturaleza y el medio ambiente (Sedenm) esa autorización fue decidida por el director ejecutivo del Instituto Forestal de Areas Naturales y Vida Silvestre (Inefan) pero sin conocimiento del directorio del organismo.
"La violación a la ley de creación del Inefan es evidente", señaló la Sedenm.
Diversas compañías mineras se encuentran explorando los bosques protectores con el fin de ubicar los yacimientos, que podrán ser explotados previa autorización del Inefan.
"En la fase de exploración se han cometido daños irreparables a los frágiles ecosistemas de los bosques protectores. No queremos imaginar lo que sucederá en la fase de explotación", indicó la Sedenm.
La figura jurídica de bosque protector, a diferencia de la reserva ecológica, permite que entidades públicas y privadas sean propietarias y administradoras de los recursos naturales de extensiones relativamente pequeñas de terreno.
"El bosque protector permite que pequeños ecosistemas sobrevivan en áreas colonizadas, sin necesidad de que el Estado intervenga para expropiar esos territorios", explicó a IPS Teodoro Bustamante, director de la Fundación Natura.
En un futuro cercano, el modelo de bosque protector "será la única alternativa para garantizar la preservación de miles de especies de flora y fauna", siempre y cuando "no se impongan los intereses económicos en su manejo, como hasta ahora lo viene haciendo el Inefan", apuntó. (FIN/IPS/mg/dg/en/96)