Los sindicatos de Venezuela decidieron hoy realizar marchas en todo el país contra el gobierno de Rafael Caldera, después que el presidente ordenó subir los ingresos de los trabajadores con bonos, en vez de elevar los salarios.
"Cuatro quintas partes de nuestro ingreso son bonos", dijo Carlos Navarro, secretario general de la Confederación de Trabajadores, principal central obrera, "y por ese camino seremos el primer país del mundo con trabajadores sin salario".
El ingreso mínimo de los trabajadores del sector privado se ubicó en 182 dólares mensuales, de los cuales sólo 52 son salario en sentido estricto, y el resto se pagará como bonos.
Sólo el salario básico cuenta para calcular las prestaciones sociales o indemnizacion que debe recibir el trabajador cuando cesa la relación laboral, y de la que toma anticipos en préstamo para gastos de vivienda, educación y salud.
En una reunión de cuatro centrales obreras y sindicatos independientes, este jueves, "rechazamos, irritados, el alza del ingreso decretada por el gobierno, porque además de insuficiente se hace con bonos y excluye a los trabajadores del sector público y a los jubilados y pensionados", dijo Navarro.
"Si el gobierno no rectifica ese decreto, el único camino que nos queda es la huelga general", afirmó Beltrán Vallejo, otro directivo de la Confederación, durante décadas la más moderada de las organizaciones obreras.
Los sindicatos decidieron efectuar el 13 de marzo, un día después que Caldera presente el informe de su segundo año de gobierno, marchas en las ocho regiones con mayor número de afiliados: los estados industriales, petroleros y mineros.
Previamente, el día 11, medio millón de empleados públicos iniciarán una semana de paros para exigir que el gobierno negocie un nuevo convenio colectivo de trabajo, informó el dirigente de ese gremio, Carlos Borges.
Federico Ramírez, el presidente de la Confederación, había advertido que "si el gobierno no aproxima el salario mímino al valor de la canasta alimentaria, no seremos más muro de contención para la protesta".
La movilización obrera emerge en un clima que los gremios de empresarios, la Iglesia Católica, dirigentes políticos de oposición y hasta caricaturistas de prensa califican como "un volcán social" que amenaza con "un estallido".
Rostros fruncidos, expresiones amargas y frases como "esto no se aguanta más" menudean en los mercados, con hombres y mujeres atareados en contar su dinero, como queriéndolo estirar, al decidir comprar unos alimentos y privarse de otros.
En Venezuela, toda alusión al "estallido social" remite al "Caracazo", semana de violentos desórdenes y saqueos que siguió a un alza intespestiva de tarifas del transporte público que prestaban particulares, y que se saldó con centenares de muertos, 2.000 heridos y pérdidas materiales millonarias.
La irritación de los sindicatos se incrementó después que el miércoles el gobierno decretó un ajuste en el ingreso mínimo de los trabajadores, ordenando que un bono que compensa gastos de transporte y comida se elevase de uno a 4,5 dólares diarios.
Los beneficiarios serán trabajadores del sector privado que devenguen menos de 260 dólares mensuales, para los que se decretó además dos meses de inamovilidad.
El ministro del Trabajo, Nepomuceno Garrido, dijo que el beneficio no se extendió a los empleados públicos porque su caso se tratará en otras discusiones. Los pensionados y jubilados seguirán cobrando 48 dólares mensuales.
El ingreso mínimo, que devenga la mitad de los cuatro millones de asalariados, se compondrá así de 52 dólares de salario, más 38 de un bono compensatorio de la inflación generada en 1994 y el bono de transporte y alimentos, único incrementado esta vez.
Toda esa suma es insuficiente para comprar la canasta alimentaria básica, valorada en 213 dólares y con tendencia al alza sostenida, pues Venezuela registra inflación de ocho por ciento mensual (oficial) en lo que va de 1996.
Navarro dijo que además de exigir aumento del salario básico hasta el valor de la canasta alimentaria, y que el beneficio abarque a todos los asalariados y que suban las pensiones, los sindicatos reclamarán una política económica integral.
"Necesitamos medidas monetarias y fiscales que integren un programa coherente, e incorporen disposiciones que nos atañen directamente, sobre el ahorro de los trabajadores para vivienda y el sistema de seguridad social", dijo el sindicalista.
"Es lo que los economistas independientes hemos dicho a este gobierno hasta el cansancio: ninguna medida, aún de apariencia favorable, sirve si está aislada", dijo Alexander Guerrero.
Para Aurelio Concheso, vicepresidente del organismo empresarial Fedecámaras, "con esta medida aislada el gobierno lo que hace es echarle gasolina al incendio inflacionario".
En el parlamento, portavoces de partidos opositores deploraron que el gobierno hubiese respondido de esa manera a la petición que el Poder Legislativo le hizo hace dos semanas.
En febrero, Caldera aumentó el salario básico a 75 dólares y ajustó el bono de alimentación y transporte, para un ingreso mínimo mensual de 155 dólares, pero el parlamento rechazó avalar la medida y pidió un nuevo ajuste más cercano al costo de la canasta alimentaria. (FIN/IPS/hm/jc/lb/96)
