El juez que prepara el proyecto de sentencia en el juicio al ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez (1989-1993) pidió hoy una nueva prórroga, hasta el 19 de abril, para presentar la ponencia a sus colegas de la Corte Suprema de Justicia.
Si ese lapso se cumple, cuando Pérez sea absuelto condenado habrá estado dos años privado de libertad, y habrán transcurrido tres desde que fue separado de la presidencia, faltando ocho meses para concluir su mandato, a fin de ser procesado.
Las penas corporales por delitos como los que se juzga a Pérez son de pocos años de privación de la libertad y se atenúan en casos como el suyo, ya que por ser mayor de 70 años no puede ir a una cárcel y sólo puede quedar bajo arresto domiciliario.
Pérez fue acusado de malversación (desvío) y peculado (apropiación) de 17 millones de dólares de la partida de gastos secretos del Ministerio del Interior, que habría hecho en 1989 para prestar cooperación policial al gobierno que fue electo en Nicaragua en 1990.
A la lentitud de su proceso contribuyó que primero se le acusó de malversación (desvío de fondos de una partida a otra), luego se agregó peculado (apropiación en provecho propio o de un tercero) y finalmente se incluyó en la acusación a la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro.
Pérez y sus abogados reivindicaron siempre la cooperación policial prestada a Chamorro entre abril y junio de 1990, pero mostraron como un absurdo que se le acusase de desviar dinero para ese fin en febrero de 1989, cuando Chamorro no era siquiera candidata a la presidencia nicaragüense.
El magistrado Luis Palís, encargado en diciembre de preparar un proyecto de sentencia en 30 días, anunció que pedirá una nueva prórroga de un mes -la tercera- porque "se trata de un expediente muy grande y laborioso".
El expediente de Pérez "tiene 34 piezas (unas 50.000 páginas) y 42 anexos, y requiere cuidadosa revisión de las pruebas presentadas por la acusación y la defensa, para producir un veredicto ajustado a derecho", señaló el magistrado.
Pérez dijo a corresponsales extranjeros que "el quid del problema es que la sentencia esté ajustada a derecho".
La defensa sostiene que asiste a "un juicio político con fachada de proceso penal", y Pérez afirmó que el proceso "fue un golpe civil para sacarme de la presidencia", después que fracasaron, en 1992, dos cruentas sublevaciones militares.
Luego de una crisis de gobernabilidad, en 1992-1993, fue elegido presidente Rafael Caldera, rival histórico de Pérez, y quien a comienzos de 1996 dijo públicamente que descarta absolver al mandatario "cuando se produzca el veredicto condenatorio".
Pérez y sus abogados denunciaron la declaración de Caldera como "presión inaudita" sobre la Corte Suprema, y como una injerencia del Poder Ejecutivo en el ámbito del Judicial.
La Corte desestimó pronunciarse sobre la declaración de Caldera, proclamó que no acepta presiones y Palís reiteró este jueves que él tampoco las recibe, al elogiar la conducta de los abogados acusadores y defensores.
Palís dijo que su trabajo "está mas de 50 por ciento adelantado" pero indicó que si sus 14 colegas en la Corte no aprueban la prórroga, deberán designar un nuevo ponente, que comenzaría el estudio del expediente desde un principio.
Recordó que otras fases del proceso también excedieron lapsos ordinarios, pues "el auto de detención demoró cuatro meses (para su elaboración) y la formulación de cargos (por el fiscal), de tres días, consumió cinco meses".
Cuando los otros 14 magistrados reciban el borrador de sentencia, dispondrán de aproximadamente un mes para estudiarlo y pronunciar su sentencia, no antes de mediados de mayo, y Palís expresó esperanza de que el veredicto se pronuncie este semestre.
Alberto Arteaga, abogado de Pérez, dijo a IPS que "la defensa no se pronuncia ni en acuerdo ni en desaacuerdo con la petición del magistrado Palís", y negó versiones de que su estrategia fuese prorrogar el proceso.
"Nuestra única estrategia ha sido presentar fundamentos y pruebas en favor de nuestros argumentos. Nos interesa una decisión bien fundada, de derecho, y si hemos esperado tanto tiempo, esperaremos un poco más", dijo Arteaga.
Añadió, al insistir en que este proceso "comenzó con la utilización de la justicia como arma política" en que "sería una iniquidad producir una sentencia condenatoria si en un expediente no hay pruebas".
En predios de la Corte se observó como desfavorable a Pérez un reciente veredicto de ese tribunal, que declaró prescrito un juicio por presunta corrupción contra otro ex presidente socialdemócrata, su antecesor Jaime Lusinchi (1984-1989).
La absolución de Lusinchi desagradó a sus compatriotas según encuestas radiales, además de que fue una decisión dividida de la Corte. Si se declara inocente a Pérez, esa opinión pública posiblemente percibirá una cadena de absoluciones.
Palís -ponente también de la sentencia que cerró el caso Lusinchi- dijo que trata de situaciones diferentes, un criterio también sostenido por Arteaga.
En la opinión pública gana terreno la percepción de que Pérez permaneció en el país y afrontó el proceso, en tanto Lusinchi se mantuvo en el exterior hasta que prescribió su caso.
"Llegó a mis oídos que se usa un argumento aparentemente patriótico para presionar a los magistrados, y es el de decir que cómo quedaría la Corte Suprema de Venezuela si a un ciudadano se le apartó de la Presidencia y se le mantuvo dos años preso si resulta que era inocente", comentó Pérez.
"Es un argumento cínico. ?O es que acaso se protege el prestigio de Venezuela condenando a un ciudadano sin que haya pruebas y sin que exista delito?", concluyó el ex mandatario. (FIN/IPS/hm/dg/ip/96)
