Una "semana candente" encara el gobierno de Rafael Caldera por el rechazo del parlamento a su proyecto de presupuesto para 1996, la amenaza de censura y destitución del jefe de su equipo económico, y su decisión de cuadruplicar el precio de la gasolina.
Mientras se acerca la hora de las definiciones, la crisis social es destacada por paros en el sector público, con sindicatos que suenan los tambores que llaman a la huelga general y dirigentes políticos que debaten la renuncia del presidente.
El jefe de la oficina gubernamental de presupuesto, Rodrigo Peraza, alertó sobre "peligro de colapso económico y social", si el parlamento no aprueba un nuevo programa de gastos para 1996 y se "reconduce" (repite) el de 1995.
Eso mermaría la capacidad de maniobra del gobierno para aumentar los programas sociales, endeudarse, efectuar nuevas inversiones e incrementar salarios a un millón de trabajadores del sector público.
Unos 700.000 empleados públicos cumplen cronogramas de paros y marchas en demanda de una convención de trabajo que aumente sus ingresos, y 150.000 maestros están en huelga desde hace dos semanas, afectando a unos tres millones de alumnos.
Tres partidos opositores que hacen holgada mayoría en el parlamento, el socialdemócrata Acción Democrática, el socialcristiano Copei y el izquierdista Causa Radical, rechazan desde el viernes el proyecto gubernamental de presupuesto.
Un primer proyecto se rechazó en noviembre y la aspiración oficial de conseguir otro presupuesto este mes parece esfumada, porque el plazo, abierto el día 5, vence el próximo domingo.
Desde el punto de vista de la mecánica parlamentaria ya no hay tiempo para un nuevo presupuesto, y las bancadas oficialistas, del Movimiento al Socialismo (izquierda moderada) y Convergencia (socialcristianos disidentes) apenas reúnen 25 por ciento de escaños.
Por añadidura, las dos fuerzas de más firme oposición, Copei y Causa Radical, proponen un voto de censura al ministro de Hacienda y jefe del gabinete económico, Luis Matos, que si suma el apoyo de Acción Democrática alcanzará mayoría calificada, es decir más de dos tercios de los diputados.
Esa censura acarrea la inmediata destitución del ministro, según la Constitución, y Caldera quedaría sin su jefe de equipo justo cuando decide dar un "golpe de timón" en lo que ha sido su política económica desde que asumió el poder hace 25 meses.
La oposición acusa a Matos de devaluar la moneda sobre la base de información incorrecta en diciembre, según expresiones del propio ministro, y de entorpecer la concreción de un acuerdo con el FMI.
Venezuela pide al Fondo 3.000 millones de dólares para apuntalar reservas y desmontar el control de cambio, apoyo para efectuar ajustes de liberación y apertyura económica, y aval ante otros organismos multilaterales para conseguir recursos destinados a programas de desarrollo.
Un equipo del Fondo llegó a Venezuela el día 20 para hacer revisión periódica de cuentas y afinar los detalles de decisiones de política fiscal, monetaria y cambiaria que respaldarían el acuerdo que se discute.
Justo en medio de esa fase de la negociación, presentada como "decisiva", y mientras el gobierno se oxigenaba con la incoporación de un líder socialista y un dirigente empresarial al gabinete económico, el parlamento agita la alfombra debajo de Matos.
La otra decisión en el caldero venezolano de esta semana es el aumento de los precios de la gasolina, que pueden pasar de tres a 12 centavos de dólar por litro, como promedio, con lo que el gobierno arroja por la borda dos de sus tesoros más cuidados.
Uno, la defensa que Caldera hizo -al criticar durante años la "insensibilidad social de los técnicos del FMI"- de que los precios de la gasolina sólo deberían subir cuando el pueblo estuviese en mejores condiciones para pagarlos, lo que no es el caso presente, limítrofe con la inflación de tres dígitos.
Dos, que los ajustes y las reformas, convenidas o no con el FMI, deberían efectuarse de manera gradual, pues se consideraba injusta y políticamente explosiva la "terapia de choque". Pero al aumento de la gasolina se agregará una fuerte devaluación, según portavoces del gobierno.
El temor a un "estallido social", sobre el que han advertido en lo que va de año gremios de empresarios, la jerarquía católica y políticos de oposición, se asocia en Venezuela con las alzas especulativas de tarifas que siguieron a cambios en los precios de la gasolina.
En 1989, un "Caracazo" de ese origen, con desórdenes y saqueos, dejó centenares de muertos y pérdidas materiales millonarias. Pero estudiosos del tema en universidades católicas sostienen que, en realidad, "un estallido social es impredecible". (FIN/IPS/hm/dg/ip-if/96
