El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, endureció hoy el embargo impuesto a Cuba desde 1962 al promulgar una ley que sanciona a las compañías extranjeras que realicen negocios en la isla y prohibe el ingreso en este país de los ejecutivos de esas firmas.
La promulgación de la polémica Acta de Solidaridad para la Libertad y la Democracia en Cuba fue una respuesta al "brutal y cruel" derribo el 24 de febrero de dos aviones civiles estadounidenses por aviones de combate cubanos, según Clinton.
El incidente, en el que murieron cuatro integrantes de un grupo de exiliados cubanos radicado en Miami, determinó al presidente a renunciar a su amenaza de vetar el Acta aprobada por el Congreso.
Clinton había señalado originalmente que el proyecto de ley, patrocinado por el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, ambos del opositor Partido Republicano, afectaba las prerrogativas del gobierno en materia de política exterior.
"Firmo este instrumento y lo convierto en ley en nombre de los cuatro hombres que murieron al ser derribados sus aviones", dijo Clinton.
"En memoria de ellos, haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a que la marea de democracia que se extiende por todo el hemisferio alcance finalmente las costas de Cuba", agregó.
La nueva ley, conocida corrientemente por el nombre de sus dos promotores republicanos, "aumentará el embargo, para promover la causa de la libertad en Cuba", declaró el presidente.
El Acta promulgada otorga a los cubano-estadounidenses y a otros ciudadanos el derecho de reclamar ante los tribunales de Estados Unidos compensaciones de las empresas de terceros países que comprasen, mejorasen o ampliaran propiedades expropiadas por el gobierno de Fidel Castro.
La ley Helms-Burton tambien prohibe conceder visado de ingreso en Estados Unidos a los ejecutivos de firmas que "trafican" con propiedades expropiadas.
El visado tampoco será concedido a los familiares de los ejecutivos afectados, y entre los hechos que definen el "tráfico" mencionado se cuentan incluso el mejoramiento o la ampliación de inversiones existentes.
El Acta prohíbe así mismo la venta en Estados Unidos de azúcar comprada a Cuba por terceros países y recorta la ayuda estadounidense a Rusia por un monto equivalente al gasto que realiza Moscú para mantener un servicio electrónico de inteligencia en Cuba.
La nueva ley codifica todas las regulaciones y órdenes ejecutivas relacionadas con el embargo a Cuba, de tal modo que esas sanciones no podrán ser anuladas ni modificadas sin la aprobación del Congreso.
Pese al amplio apoyo que obtuvo en el Congreso y al respaldo recibido de Clinton, el Acta Helms-Burton ha sido severamente cuestionada en el exterior y aún en Estados Unidos.
Los aliados de Estados Unidos, encabezados por Canada, señalaron que Washington pretende imponer su propia agenda polìtica a empresas extranjeras que actúan de conformidad con la ley de su país.
Los mismos gobiernos advirtieron que el Acta viola el derecho internacional e incluso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y puede provocar represalias contra intereses estadounidenses en el exterior.
Mientras, críticos estadounidenses de la ley observaron que el nuevo intrumento crea un precedente legal negativo al permitir el traslado a los tribunales nacionales de litigios originados en el exterior y agobiará a un sistema de justicia ya recargado de trabajo. (FIN/IPS/tra-en/pz/sw/ff/ip/96).
