El presidente de Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, logró en Uruguay un fallo judicial que hoy revivió críticas a una ley que obliga a la prensa a publicar respuestas sin derecho a probar la veracidad de su información.
Wasmosy demandó al diario La Republica de Montevideo por divulgar información según la cual el mandatario recibió sobornos durante la construcción de la represa de Itaipú, una gigantesca obra binacional entre Paraguay y Brasil.
El presidente paraguayo demandó al diario montevideano, generando una decisión sin precedentes en la jurisprudencia uruguaya, teniendo en cuenta la investidura del demandante.
A tal grado llegó la preocupación de Wasmosy, enfrentado en su país a rumores de sublevación militar y amenazas de juicio político, que también gestionó ante el gobierno de Uruguay, país socio de Paraguay, junto a Argentina y Brasil, del Mercado Común del Sur (Mercosur) que inicie acciones penales contra el diario.
Los abogados del presidente paraguayo atribuyeron a las publicaciones un "matiz político", que "debe buscárselo" en el hecho de que próximamente se realizarán en Paraguay elecciones internas en el gobernante Partido Colorado.
La ley de prensa, votada en Uruguay en 1989 y severamente cuestionada por los periodistas, fue el instrumento utilizado por Wasmosy para forzar a La República a publicar un desmentido.
Esta ley tuvo su génesis en otra norma aprobada inmediatamente después del retorno a la democracia, tras 12 años de dictadura militar (1973-1985).
La norma establece que para que proceda la respuesta sólo se requiere que el afectado la considere "inexacta o agraviante" y se imprima "sin comentarios ni apostillas".
El fallo condenó a La República a publicar en su primera página la respuesta de Wasmosy, que no comentó, pero en las dos páginas siguientes publicó en tamaño destacado la frase de Galileo Galilei: "e pur si muove" (y sin embargo, gira).
En su respuesta, Wasmosy calificó de falsas las imputaciones y añadió que "severas auditorias internacionales" no observaron irregularidades en una empresa que dirigía durante la construcción de la represa y que la justicia paraguaya desestimó cargos similares.
"La defensa de la alta investidura con la que me ha honrado el pueblo paraguayo, me obliga a no permanecer impasible ante los agravios a mi honor", dijo Wasmosy.
El fallo de un Tribunal de Apelaciones estableció que su decisión no afecta el derecho a la libre comunicación del pensamiento establecido en la Constitución.
Gustavo Puig, abogado del diario, dijo a IPS que la ley en vigencia traba la posibilidad de que los periodistas prueben la veracidad de lo informado.
"Con el actual criterio, la investigación periodística se ve limitada, porque alguien puede considerar esa información como inexacta o agraviante y entonces se deberá publicar una rectificación", dijo Puig, profesor de Derecho Penal de la Universidad estatal.
La ley tambien impide que los periodistas prueben la veracidad de lo publicado y cercena a los ciudadanos su derecho a estar informados, añadió.
El fallo señala que el derecho de respuesta "aparece como un instrumento informativo y tiene la misma jerarquía que la noticia que se contradice, suponiendo una versión distinta a aquella y siempre con el objetivo de que el público se forme un juicio imparcial'.
Según los magistrados, se otorga el derecho de respuesa "no para debatir ideas con el periodista", sino como "un mecanismo de defensa de la dignidad de la honra vulnerada".
La sentencia objeta que el diario haya acusado de robo a Wasmosy y recuerda una máxima de Walter Williams, inserta en el Código Moral del Periodista Europeo: "nadie debería escribir como periodista aquello que no podría decir como gentilhombre".
El director del semanario Brecha, Guillermo Waksman, señaló a IPS que el periodista debe tener el derecho de probar que la información que publicó "es verdadera y tiene interés público".
Waksman también criticó que la ley establezca responsabilidad penal para el periodista que, sin intención, difunda una noticia falsa, aún cuando haya agotado los medios para constatar su autenticidad.
No obstante, puntualizó que "de todas maneras, el derecho de respuesta debe ser concedido por cualquier publicación por razones de ética profesional". (FIN/IPS/rr/ag/ip-cr/96)
