Un conflicto de vieja data entre el gobierno panameño y los indígenas ngobe-buglé por la autonomía de su territorio, resurgió en los últimos días luego que las autoridades otorgaron una concesión para explotar minas en el área aborigen.
En mayo de 1995, tras un enfrentamiento en el poblado de Sitio Prado que dejó varios heridos entre indígenas y policías, el gobierno aceptó negociar con los ngobe-buglé un proyecto de autonomía (comarca) antes de otorgar las concesiones mineras.
Los ngobe-buglé, cuya poblacion es de unas 180.000 personas, demandan un territorio de 11.000 kilómetros cuadrados en zonas montañosas de las occidentales provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, donde tienen su habitat.
Sin embargo, en febrero pasado el gobierno transfirió las acciones de la mina Cerro Colorado -ubicada en el corazón de la región ngobe buglé- a la firma canadiense Panacobre para la explotación de un yacimiento de cobre cuyo potencial es de 1.400 millones de toneladas de roca mineralizada.
El diputado indígena Enrique Garrido afirmó que a raíz de ello los ngobe-buglé "están muy enojados" y que se sienten engañados por el gobierno.
Tras advertir que los indios "tienen sus caras pintadas de guerra", Garrido precisó que no se oponen al progreso, como argumentan funcionarios del gobierno, sino "a que se les despoje de sus tierras o se contaminen los ríos del área en que viven sin ser consultados".
La no gubernamental Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), el más influyente grupo ecologista del país, advirtió al gobierno que no se puede iniciar la explotación de un yacimiento minero de la mangnitud de Cerro Colorado sin un riguroso estudio de impacto ambiental.
Además del riesgo ambiental, la explotación de esa mina provocará el desplazamiento de alrededor de 15.000 indígenas que actuamente residen en el lugar, según indicó a IPS el dirigente ngobe-buglé Víctor Guerra.
A mediados de 1981 el gobierno de la época se vio forzado a suspender la apertura de Cerro Colorado debido a la fuerte oposición de los indígenas, la iglesia y organizaciones ecologistas y de derechos humanos.
Sin embargo, el alto precio actual del cobre en el mercado internacional, que segun los expertos se mantendrá durante todo este año entre 2.420 y 2.620 dólares la tonelada, habría decidido al gobierno local a cerrar la operación con Panacobre pese a la oposición de los ngobe-buglé.
La ministra de Industria y Comercio, Nitzia Villarreal, dijo esta semana que el gobierno no va a detener el proyecto Cerro Colorado "porque tiene la convicción bien clara de que los recursos mineros son del país y no de un grupo en particular".
La tajante reacción de la funcionaria ambientó la apertura de un amplio frente de oposición al proyecto, integrado por otros grupos indígenas, organizaciones de derechos humanos, Ancon y sectores de la Iglesia Católica, entre otros.
La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (Coonapip), integrada por ngobe-buglés, kunas, emberas, teribes, bokotas y bri bri, condenó y repudió la decisión del gobierno y se declaró "en estado de alerta".
Un vocero del Coonapip señaló que los indígenas no tienen por qué ceder sus tierras para proyectos económicos que "nunca traen beneficios para sus pueblos".
A su vez, la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá denunció que el proyecto Cerro Colorado "amenaza la cultura y el sistema de vida de la población indígena en la medida en que se producirán intromisiones de otros patrones culturales" ajenos a ellos.
Decenas de sacerdotes católicos de Chiriqui emitieron esta semana un comunicado donde acusan al gobierno de no respetar "la voz legítima del pueblo indígena, que tiene el derecho sobre sus territorios".
En la región kuna, localizada sobre el litoral Pacífico, también soplan vientos de guerra entre los aborígenes debido a varias concesiones mineras otorgadas por el gobierno en su territorio autónomo sin previa consulta a las autoridades tradicionales nativas.
El Congreso General Kuna, máxima autoridad de esa etnia, declaró estar soprendido por "las facilidades de acceso que se dan, por una parte, a empresas extranjeras sobre los bienes y recursos de Panamá y de los pueblos indígenas y el desprecio y humillaciones que, por otra parte, reciben los originarios habitantes de este país". (FIN/IPS/sh/dg/pr/96).
