La "fiebre del oro" que presiona sobre territorios indígenas y los nichos ecológicos de Panamá amenaza desatar fuertes sacudimientos sociales con un sector autóctono que se niega a hipotecar su sobrevivencia.
El empuje minero, que en 1995 provocó graves choques entre aborígenes y la policía en la occidental provincia de Veraguas, se precipitó en los últimos meses luego de que el gobierno otorgó concesiones para extraer cobre y oro en extensos territorios dentro de las reservas de los ngobe-bugle y kunas.
Según datos de la Dirección de Recursos Minerales, 70 por ciento de los alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados de territorio del país con potencial minero se encuentran dentro de las tierras donde los grupos autóctonos ejercen o reclaman su autonomía.
"?De qué otra forma podemos pensar y sentir cuando medios de comunicación dan a conocer que se han otorgado concesiones mineras en nuestra comarca, a pesar de que hemos cuidado y vivido por milenios estas tierras"?, señaló el Congreso General Kuna al rechazar la explotación minera en su comarca autónoma.
Los kunas, ubicados en el caribeño archipiélago de San Blas, cerca de la frontera con Colombia, conquistaron la autonomía sobre ese territorio en 1932, tras una sangrienta guerra de guerrillas contra el gobierno de la época.
La Constitución de Panamá protege los derechos de los pueblos autóctonos a regímenes especiales, a su identidad étnica y cultural y la propiedad colectiva de su territorio, "por lo que está prohibida la apropiación privada de sus tierras", argumentó el Congreso General Kuna.
A pesar de ello, la ministra de Comercio e Industrias Nitzia Villarreal advirtió que no va a derogar las concesiones mineras en San Blas, Veraguas y otras áreas porque los recursos del subsuelo son del país "y no de ningun grupo en particular".
El empresario canadiense Donald McInnes, quien recibió una concesión para buscar y explotar minas de oro en la región Kuna, señaló que la oposición indígena le da "un mayor incentivo" para acometer la empres.
Para el sociólogo Raúl Leis, las concesiones mineras en tierras indígenas son una consecuencia del "capitalismo salvaje" que se está imponiendo actualmente en el mundo, "al amparo de las corrientes económicas neoliberales".
"Para ellos el factor humano es secundario. Lo único que importa es la maximización de la ganancia", señaló Leis, ex secretario general y fundador del movimiento Papa Egoró, la tercera fuerza electoral en los comicios de 1994.
Precisó que "la fiebre del oro y del cobre" tendrá efectos negativos para el país, "ya que el minero está poseído por un espíritu aventurero, que es positivo como visión empresarial pero también negativo, porque sólo piensa en una ganancia rápida, sin ningún límite ni apego a la tierra".
Explicó que uno de los elementos que guían al neoliberalismo es que "a todos se les aplica por igual el rasero social", sin tomar en cuenta su cultura, el lugar que ocupa en la sociedad o los perjuicios que provoquen las actividades económicas sobre el medio ambiente.
La protección estatal de las tierras donde tienen su habitat los pueblos indigenas "es fundamental para asegurar su sobrevivencia", la cual quedaría seriamente comprometida si se produce una masiva invasión de compañías mineras en los territorios aborígenes, afirmó.
"No es sólo el impacto ambiental, sino el de la gente, su cultura y sus costumbres. No es sólo un cambio de hábitos el que sufrirán los indígenas cuando sus pueblos sean invadidos por otras culturas, sino un cambio total en su forma de vida", puntualizó Leis.
Sin embargo, advirtió que la simpatía que han despertado en la población las reivindicaciones territoriales de los aborígenes panameños "podría generar un espíritu de solidaridad social y una fuerte oposición" a los proyectos mineros.
Unos 45 grupos ecologistas del país, encabezados por la influyente Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), reclamaron el pasado fin de semana que se haga "un serio estudio de impacto ambiental" en las áreas donde se otorgaron las concesiones mineras.
La oposición a la explotación minera en tierras indígenas también abarca a los grupos étnicos emberá, teríbes, bokóta y bri bri, así como a sectores de la Iglesia Católica y varios grupos de derechos humanos.
En 1981 el gobierno de la época se vio forzado a suspender el inicio de la explotación de la mina de cobre de Cerro Colorado, en Veraguas, debido a la fuerte oposición de los ngobe-bugle, la Iglesia Católica, estudiantes, grupos ecologístas y de derechos humanos. (FIN/IPS/sh/dg/pr/96).
