La organizacion no gubernamental alemana FIAN prevé una catástrofe petrolera en el estado de Tabasco, en México, que causará graves perjuicios al medio ambiente y serios desequilibrios socioeconómicos a varias comunidades indígenas.
La organización internacional de derechos humanos, que tiene su sede en Alemania y defiende el derecho a la nutrición, ha criticado duramente la política del gobierno del presidente Ernesto Zedillo.
"Es un escándalo que el gobierno mexicano no cumpla con su obligación de proteger a su población sino al contrario criminalice la legítima protesta por la destrucción del medio ambiente y la violación de los derechos humanos", dijo el portavoz de FIAN Frank Brassel.
"El estado limítrofe de Chiapas, que se ve afectado por una especie de guerra civil, muestra las consecuencias de esta política", aseguró Brassel.
Dos anos atrás surgio en Chiapas un conflicto armado entre campesinos indígenas y tropas del Ejército Federal.
Para evitar que se repita este fenómeno en Chiapas, FIAN inició una campaña de protesta por carta, apelando a los ciudadanos alemanes y del mundo en general para que escriban a Zedillo y envíen una copia de ese mensaje a la Comision Nacional de Derechos Humanos y a la compañía petrolera mexicana PEMEX.
PEMEX extrae crudo en el sudoriental estado de Tabasco desde hace 20 años.
"Mientras la exportacion de petróleo aporta gran parte de las divisas necesarias al gobierno mexicano, altamente endeudado, éste ahorra en las medidas de seguridad", afirmó el portavoz de FIAN.
La fuga de petróleo en oleoductos y pozos de extracción destruye el medio ambiente y atropella los derechos de los campesinos, contamina las tierras, los cultivos y los rios, y reduce el rendimiento en la producción pesquera y agrícola.
Los indígenas, agricultores y pescadores de la comunidad de Chontal son los mas afectados, dijo Brassel a IPS.
Unas investigaciones recientes, en poder de FIAN, indican que están contaminadas unas 300.000 hectáreas de pastizales y cultivos en Tabasco, y han aumentado sensiblemente los casos de cáncer infantil.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó en 1992 que se saneara las tierras de cultivo y se pagara una indemnización a siete comunidades en Tabasco.
Esta petición fue ignorada por las autoridades mexicanas, lo que condujo el 29 de enero pasado a cientos de damnificados a ocupar 18 pozos de perforacion de la región y protestar así por la destrucción de su existencia.
Ellos exigen que PEMEX efectúe las recomendaciones de la resolución 100/92 de la Comisión Nacional de Derechos.
Según FIAN, el Ejército Federal y la policía local intervinieron en su momento para terminar con la demostración pacífica de los indígenas y campesinos, e hirieron a varias personas.
Más de 100 campesinos fueron acusados de sabotaje y encarcelados. Estos pueden contar con una sentencia de entre 10 y 20 años de cárcel.
México viola así un compromiso asumido a nivel internacional.
"Como estado signatario del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México está obligado a velar por el cumplimiento del derecho a alimentación", concluye un informe elaborado por FIAN. (FIN/IPS/raj/ag/hd/96)
