Las organizaciones ecologistas mexicanas coincidieron en denunciar el desmantelamiento por el gobierno de una ley que protege al ambiente con el fin de atraer inversiones de capital transnacional.
Un documento difundido por 108 redes y organismos ambientalistas, incluidos los más importantes, asegura que esa es la meta de un proyecto de reforma legislativa que el gobierno propondrá estos días en el parlamento.
Según esos grupos la reforma anula dos instrumentos básicos: el ordenamiento ecológico territorial para fijar tipos de desarrollo sostenible por zonas y la norma que obliga a evaluaciones de impacto ambiental previas a toda actividad económica.
En la práctica convierte una legislación preventiva de los daños ambientales en otra destinada sólo eventualmente a repararlos, señala el comunicado.
Subraya además que la iniciativa oficial vuelve meramente declarativa la participación ciudadana en el tema al no dotarla de instrumentos y mecanismos para hacerla efectiva.
La iniciativa gubernamental reduce el régimen de conservación de áreas naturales y elimina 236 reservas que protegían bosques y cuencas hidrográficas.
El experto Alberto Székely, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró a IPS que la reforma "confirma los peores temores surgidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte"(TLC), "ya que busca reducir la protección para atraer inversiones".
Explicó que se trata de un enfoque ingenuo, ya que los principales inversores exigirán garantías de adecuación de las normas mexicanas a la legislación mundial en la materia.
Al comenzar las negociaciones del TLC, hace cuatro años, las comunidades ecologistas de los países miembros de ese bloque – Canadá, Estados Unidos y México- pronosticaron que las autoridades mexicanas buscarían reducir el nivel de protección al ambiente.
"La reforma impulsada ahora desde el gobierno impedirá cumplir incluso las tibias y débiles normas ecológicas incluidas en el TLC, convirtiendo a la economía mexicana en vulnerable ante posibles sanciones internacionales", adujo Székely.
Desde 1988 México dispone de una ley ambientalista considerada entre las mejores del mundo, pero los expertos advierten que no se cumple.
La reforma que plantea hoy el oficialismo culmina un proceso de desmantelamiento paulatino de la legislación ambiental iniciado con la vigencia del TLC, el primer día de 1994.
Los pasos sucesivos consistieron en la derogación de una ley forestal ambientalista, la autorización ilegal de proyectos productivos contaminantes y medidas que coartan la participación social en temas ecológicos.
En diciembre de 1995, a menos de un mes de asumir el actual gobierno del presidente Ernesto Zedillo, se derogó el área de conservación ecológica de la ciudad de México, que abarcaba 57,4 por ciento de territorio, para priorizar el desarrollo urbano.
Así, se regularizaron ilícitos en materia de uso del suelo, se propició el aumento del gigantismo metropolitano y se afectaron los escasos bosques del Distrito Federal, su pulmón y zona de recarga pluvial para 70 por ciento del agua que demanda.
En julio y octubre de 1995 el gobierno delegó sus funciones de regulación, diagnóstico, control y auditoría a las empresas con carácter voluntario y liberó a la mayor parte de las industrias del requisito de presentar estudios de impacto ambiental.
Alejandro Calvillo, dirigente de la oficina mexicana de Greenpeace, dijo a IPS que la iniciativa gubernamental reduce a nivel simplemente facultativo y discrecional la responsabilidad y la autoridad del estado nacional para hacer cumplir la ley.
Añadió que, con el pretexto de la descentralización, transfiere competencias y tareas a autoridades locales sin darles los recursos para hacerse cargo de ellas.
Adujo que "la reforma debilita además las disposiciones en materia de participacion popular en la defensa del ambiente".
A su vez Regina Barba, de la Unión de Grupos Ambientalistas, afirmó que en lo relativo al derecho a la información se incluyen obstáculos para coartar su ejercicio, al exigirse requisitos improcedentes a quienes comenten temas ecológicos.
Barba precisó que "se le da supremacía y prevalencia a la legislación de desarrollo urbano sobre la ley ambiental, supeditando, desvirtuando y haciendo ociosas las disposiciones de orientación ecológica".
"También se debilitan -explicó- los principales instrumentos de política ecológica, entre ellos los de ordenamiento territorial, evaluación de impacto ambiental y regulación de asentamientos humanos."
María Elena Mesta, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sintetizó el sentido de la reforma oficialista al señalar que induce y favorece el pago por dañar al medio ambiente, en lugar de privilegiar un régimen obligatorio de prevención del daño.
"Ni siquiera se regula la responsabilidad por tales daños, ni la obligación de restaurar el ambiente, sino que se institucionaliza el irrespeto a la ley, permitiendo sustituir la sanción prevista por multas o conductas compensatorias", concluyó. (FIN/IPS/emv/dg/en-ip/96)
