México busca liberarse de la delicuencia con una serie de reformas legales que genera intensos debates internos, pues su alcance viola los derechos humanos e impone un poder policial, según opositores y analistas.
Tras varios meses de debate con parlamentarios, el gobierno presentó este martes al Senado un cuerpo jurídico que plantea crear jueces "sin rostro" y validar declaraciones de testigos anónimos.
Además, autoriza el espionaje telefónico, reduce la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, permite que se negocien reducciones de penas a cambio de confesiones y se integran cuerpos policiales de élite que tendrán sistemas autónomos de inteligencia.
Las sugerencias, consideradas violatorias de las garantías constitucionales y los derechos humanos por la oposición, siguen a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que autorizó la participacion de los militares en acciones contra la delincuencia.
"Las reformas en puerta auguran una época oscura que, una vez iniciada, no tiene fácil reversa y de la que nos arrepentiremos todos", advirtió la analista María Teresa Jardí.
Considerado por el gobierno y por la sociedad como el principal problema que ahora enfrenta el país, según revelan las encuestas, la delincuencia tuvo en los últimos meses índices de crecimiento sin precedentes.
En 1995 el número de delitos aumentó 35,3 por ciento respecto de 1994, con un promedio diario de 599 crímenes en la capital mexicana, de acuerdo a cifras oficiales. Solo entre enero y febrero de 1996 fueron asaltadas 80 personas por día, hubo robos en 61 comercios y fueron hurtados 180 automóviles.
"Siete de cada 10 mexicanos consideran que la inseguridad es hoy el motivo principal de angustia en la república. La violencia se ha incrementado a niveles preocupantes, mientras que la eficacia de las instituciones disminuye dramáticamente", dijo el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet.
Las reformas propuestas al Senado, donde su aprobación se considera casi un hecho, pues el gobierno tiene clara mayoría, son producto de más de cinco meses de diálogo entre autoridades y senadores.
La presentación de nuevas normas, que luego pasarán al Congreso donde no se espera que sufran trabas, siguió a la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, un organismo de coordinación integrado por el Ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados, la policía y las Fuerzas Armadas.
Para la oposición, las propuesta de reformas legales se mueven al filo de lo legal y anticonstitucional.
"Debemos unir fuerzas contra la delincuencia, pero no permitiendo que se violen derechos", dijo José Zambrano, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, tercera fuerza política mexicana.
Zambrano consideró que la prevista intervención de los militares en acciones antidelictivas "podría terminar con el estado de derecho".
En la presentación del proyecto, el presidente Ernesto Zedillo admitió el carácter polémico de su propuesta.
"Plantear en este contexto (aumento de la delincuencia) un sistema de delimitaciones de garantias puede resultar preocupante para algunos sectores, por lo que es necesario establecer una serie de argumentos de apoyo y una serie de garantias que eviten que la legislación pueda extenderse a otros problemas", afirmó.
Las nuevas normas han generado tal polémica que representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) han rechazado públicamente la propuesta de dismunir la edad de imputabilididad penal.
Según Jardí, "el problema de la seguridad pública, que es también el problema de la seguridad nacional, no es de leyes: es de la inmensa corrupción gubernamental que impera".
El Procurador General, Antonio Lozano, reconoció recientemente que 80 por ciento de los miembros de la Policia Judicial estaban "contaminados" con la delincuencia.
Con el pretexto del "clamor ciudadano frente a la criminalidad, México corre el riesgo de repetir la experiencia de los países del cono sur, donde se violaban derechos humanos, se detenía sin orden de captura, se incomunicaba y se torturaba", dijo Jardí.
Para el presidende de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Jesús Zamora, las reformas propuestas por el gobierno conducen a una "disyuntiva dramática: el triunfo de la delincuencia organizada o del régimen de excepción".
En una carta enviada este lunes a Zedillo, 60 intelectuales, artistas y escritores señalan que "no se puede excusar la criminalidad con la crisis económica porque eso es un lavado de manos. Existe el consenso de que se requieren medidas estrictas pero con respeto de los derechos humanos". (FIN/IPS/dc/ag/ip/96)
