JAPAN: La sangre contaminada con HIV seguirá provocando terror

La batalla legal que enfrentó durante siete años a hemofílicos japoneses que fueron transfundidos con sangre seropositiva con cinco compañías farmacéuticas finalizó, pero la desconfianza del público en las autoridades de la salud no se eliminará en mucho tiempo.

"El pleito terminó este jueves con un acuerdo extrajudicial, pero Japón nunca volverá a ser lo mismo. Existe una creciente desconfianza hacia las autoridades", dijo Yuko Watanabe, propietaria de una farmacia.

La mitad de los 4.000 hemofílicos de Japón resultaron infectados con el virus de inmunodeficiencia humana (HIV), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), en la década del 80, cuando recibieron transfusiones de sangre y derivados, importados, principalmente, de Estados Unidos.

Por lo menos 400 de los enfermos que desarrollaron el sida ya murieron. Otros cientos de afectados demandaron al gobierno de Japón y a las empresas farmacéuticas por distribuir la sangre a sabiendas de que podría ser peligrosa.

Los querellantes acordaron que el gobierno pagará a cada uno 40 millones de yenes (unos 400.000 dólares) y una asignación mensual a aquellos que ya hayan desarrollado el sida.

La guerra judicial, cuyos detalles fueron ampliamente difundidos por los medios periodísticos, reveló la descarada indiferencia de funcionarios del gobierno y empresarios por la salud del público, según abogados de los demandantes.

"Las ganancias eran más importante para ellos que para nosotros", dijo Ryuhei Kawada, uno de los querellantes.

El abogado Toshihiro Suzuki, representante de 240 enfermos, dijo que las cinco compañías farmacéuticas obtuvieron varios millones de dólares entre fines de 1983 y 1985, cuando vendieron sangre y derivados a hospitales japoneses a pesar de que no se empleaban en los países de origen.

"Japón fue el único país, al margen de las naciones occidentales, que podía comprar estos productos caros e inseguros. Por eso los empresarios inescrupulosos apuntaron hacia los hemofílicos japoneses", dijo Suzuki.

Los productos sanguíneos sin calentar, como los que produjeron las 2.000 infecciones, cuestan hasta nueve veces más caro que los similares procesados por medio del calor.

Las investigaciones periodísticas efectuadas en Japón revelaron estrechos vínculos entre el Ministerio de Salud y la industria farmacéutica.

Las empresas querelladas fueron Green Cross Corporation, Nippon Zoki Pharmaceutical Company, Chemo Sero Therapeutic Research Institute de Japón, Baxter Limited (sucursal de Baxter International de Estados Unidos) y Bayer Yakuhin Limited (filial de la alemana Bayer AG).

Muchos funcionarios de la Oficina de Asuntos Farmacéuticos del Ministerio de Salud fueron acusados públicamente de recibir "donaciones financieras" de las compañías.

Etsuko Kawada, madre de Ryuhei, dijo que recoge evidencia para acusar por asesinato al médico Takeshi Abe, experto en tratamientos contra la hemofilia que revistó en filas del Ministerio.

Cuando el gobierno admitió su responsabilidad por haber permitido la distribución de la sangre contaminada, Abe renunció a su cargo como vicepresidente de la Universidad de Teikyo.

"Los médicos y las empresas nos invitaban a campamentos de verano donde nos hablaban sobre la importancia de que nuestros hijos utilizaran estos productos. Es tan difícil olvidar que se burlaron de nosotros…", se lamentó Kawada.

Existieron casos similares que revelaron la negligencia de las autoridades de la salud de Japón.

A principios de la década del 60, el Ministerio omitió prohibir el narcótico talidomida, a pesar de que científicos occidentales advirtieron el daño que provocaba en los bebés aún no nacidos.

A fines de esa década, se continuó vendiendo la chloroquina, una droga para el tratamiento de la malaria que ocasionó ceguera en cientos de japoneses.

"Era imposible lograr que el estado admitiera su negligencia", dijo Takanori Goto, un abogado que asesoró a varias víctimas de la chloroquina.

Watanabe sostuvo que la última guerra judicial provocará "la ruptura de los vínculos" entre la burocracia del gobierno y la industria farmacéutica. (FIN/IPS/tra-en/sk/cpg/mj/ip he/96)

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