Siete años después de su sanción, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce derechos de cultura y territorio a las etnias, se ha transformado en punto de referencia de expertos y organizaciones indígenas, pero su aplicación es muy limitada.
Aunque los indígenas protestan continuamente por el incumplimiento del documento, aprobado en 1989, y demandan a los gobiernos su ratificación, no se ha presentado ninguna denuncia ante la OIT.
Ratificado por 10 países y en estudio en otros siete, el convenio "es más un punto de referencia de la cultura de la diversidad que una norma en cumplimiento", dijo a IPS José del Val, director del Instituto Indigenista Interamericano, ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en México.
El convenio, considerado la semilla de la "Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas", que desde hace una década prepara la Organización de las Naciones Unidas (ONU), volvió recientemente al centro del debate, cuando fue ratificado entre polémicas por el Congreso guatemalteco.
"Saludamos que otros países integren a su legislación el (convenio) 169, pero no somos muy optimistas, pues la norma difícilmente se ha cumplido", señaló el diputado mexicano Roberto Pedraza, presidente del Parlamento Indígena de América.
El Congreso de Guatemala, país con una numerosa población indígena, ratificó el día 5 el convenio 169, instrumento de 41 artículos que reconoce sus derechos a la tierra, cultura, lengua y a sus formas de organización.
Para calmar a los empresarios agrícolas, que consideran al instrumento un estimulante de invasiones de tierras, los diputados guatemaltecos introdujeron una enmienda que señala que el Convenio no tendrá carácter retroactivo, medida considerada innecesaria, pues para la OIT esa es una condición del documento.
Más allá de la reciente polémica, el debate generado en Guatemala revela la importancia que los indígenas de América dan al instrumento, uno de los pocos de carácter internacional donde se reconocen como válidas sus demandas, aunque se les niega la posibilidad plena de la autoderminación.
"El (convenio) 169 tiene problemas de fondo", opinó Del Val, quien lo consideró apenas un elemento "en el proceso de resistencia y lucha" de los indígenas.
En el primer artículo del Convenio se menciona "pueblos indígenas", pero en el tercero se aclara que la palabra "pueblo" no deberá interpretarse en el sentido del derecho internacional, es decir como un grupo humano con posibilidad de tener un territorio y un cuerpo de leyes propio y soberano.
Pedraza, un indígena otomí, señaló que el tema de la autodeterminación "es polémico, pues no hay un acuerdo final entre las organizaciones nativas y los gobiernos sobre ese punto".
"Unos proponen mantener una autonomía total y otros creemos que es necesario integrarse de una manera más justa y sin discriminación para que podamos solucionar los problemas de injusticia", añadió el presidente del Parlamento Indígena de América, creado en 1987.
El tema será nuevamente analizado en la próxima reunión del Parlamento Indígena, los días 27 y 28 en Quito, Ecuador.
Según diversas investigaciones, en América viven unos 42 millones de indígenas, pertenecientes a 400 nacionalidades o etnias, de los cuales 80 por ciento sufre problemas de pobreza.
El Convenio 169 de la OIT sustituyó a otro de 1957, que defendía el derecho de los indígenas a una lengua y una cultura propias, pero proponía integrarlos a la sociedad nacional.
El vigente representó un gran avance para los indigenas, "aunque sea sólo desde el punto de vista de un reconocimiento internacional a la diversidad y en contra de la injusticia" y el siguiente paso sea ahora la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, dijo Pedraza.
Pero la ONU estudia la declaración desde 1986 sin que hasta el momento se logre un acuerdo. El tema de la autodeterminación continúa despertando recelos entre muchos gobiernos.
En un proceso similar al de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA realiza consultas con los gobiernos, las organizaciones indígenas y los expertos con el objetivo de emitir una declaración de derechos de los grupos indígenas.
En América Latina, donde Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú han ratificado el Convenio 169, numerosas organizaciones indígenas siguen demandando que se reconozca la plena autonomía de los pueblos.
Del Val considera que la ONU y la OEA se están quedando atrás frente a la postura indígena, que "sigue siendo un importante motor de cambios sociales".
"Desde siempre los sectores sociales se suben al carro de los indígenas, quienes ponen su empeño y fuerza para producir transformaciones sociales. La tragedia es que luego se les deja atrás y se los atropella", aseveró el director del Instituto Indigenista Interamericano. (FIN/IPS/dc/ag/pr/96)
