Los delegados haitianos a la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegaron a Buenos Aires con las inmaculadas credenciales de un gobierno que adopta sin titubeos una estrategia neoliberal de desarrollo.
En Puerto Príncipe, sin embargo, pocos parecen entusiasmados con los aplausos obtenidos por el presidente René Préval en su visita a Estados Unidos, esta semana, que rompió parcialmente el hielo entre el nuevo gobierno haitiano y Washington.
Préval -con fama de izquierdista- utilizó una receta infalible para lograr sonrisas: anunció su disposicion a privatizar inmediatamente las empresas estatales, a un ajuste económico y fiscal y a apoyar al sector privado.
A cambio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) enviarán a Haití en abril una delegación de expertos, para definir las principales metas de ajuste y áreas de inversión.
El problema, coinciden los observadores en Puerto Príncipe, es que la mayoría de los parlamentarios, sindicatos, organizaciones campesinas y el propio movimiento oficialista, Lavalas, se oponen a la privatización de las empresas estatales.
Hace apenas dos semanas, el primer ministro Rony Smarth dijo a IPS que las privatizaciones son un tema que requeriría estudios profundos y largos debates en toda la estructura social, antes de adoptar decisiones, porque la oposición es abrumadora.
Pero Préval dijo este viernes en Washington que las industrias de cemento y harina seriín licitadas "en los próximos días", mientras se estudia la oferta inminente de las restantes siete empresas, que incluyen telecomunicaciones, energía, puertos y aeropuertos.
A Préval no le faltan razones para apurar la marcha: su gobierno descansa sobre frágiles bases políticas y económicas y tiene un tiempo extremadamente limitado para consolidar algunas instituciones, entre ellas las de seguridad pública.
En cuatro meses más termina la misión militar de Naciones Unidas en Haití, dejando la seguridad del país en las inseguras manos de los 5.000 mil integrantes de la nueva policía nacional haitiana, reclutados y entrenados por el FBI estadounidense.
A la espera de ese momento, el país vive un clima de rumores e incertidumbre en el que proliferan las versiones acerca de contrabandos masivos de armas y preparativos para una eventual guerra civil.
Los nuevos policías no inspiran precisamente confianza: la mayor parte de ellos son nerviosos jóvenes menores de 20 años, y otros, ex integrantes del desmembrado ejército.
No es un secreto que en República Dominicana, al otro lado de esta isla dividida en dos países, los antiguos jerarcas ede la dictadura militar se preparan y conspiran abiertamente para regresar.
Sin embargo, los empresarios haitianos, tradicionalmente apegados al ejército, encontraron probablemente este fin de semana un motivo para alejarse de los conspiradores y acercarse al gobierno democrático.
En Washington, Préval no sólo proclamo su apoyo a la empresa privada, sino que anunció un crédito inmediato de 25 millones de dólares, asegurado contra todo riesgo, incluidos los políticos, que será administrado en Haití por las manos confiables del Citibank.
Pero la base de apoyo del gobierno democrático haitiano no descansa por ahora en los empresarios, sino en los sectores populares que se rebelaron en 1986 contra el régimen dinástico de la familia Duvalier, y más tarde contra los sucesivos regímenes militares.
El líder indiscutido de este movimiento es el ex sacerdote católico Jean Bertrand Aristide, quien venció abrumadoramente en las elecciones de 1990 y fue violentamente derrocado por los militares en 1991, siete meses después de acceder a la Presidencia.
Aristide, un adepto a la teologia de la liberación, regresó al poder tras la invasión estadounidense de septiembre de 1994 y centró su acción de gobierno en paliar los efectos de la extrema pobreza en que vive 80 por ciento de los haitianos.
Aristide rechazó las privatizaciones y se opuso a un ajuste económico que podría significar aun mayores penurias a los más pobres.
Préval fue primer ministro en la etapa previa al golpe de 1991, y su candidatura presdiencial fue considerada como un mal menor, visto que -por acuerdos con Estados Unidos- Aristide no podía postular a un segundo período, o terminar su mandato de seis años (gobernó, en total, dos años).
Aristide no ha abierto todavía la boca frente al tema de las privatizaciones, pero ha mantenido una discreta distancia frente al gobierno de su propio partido.
El ex mandatario no asistió a la ceremonia de juramento del nuevo gabinete, en el Palacio Nacional, el día 6, y su última aparición pública tuvo lugar el 8 de marzo, con motivo del Dia Internacional de la Mujer, en un acto independiente en que se lanzo la Fundacion Aristide para la Democracia.
Como en el pasado, Aristide sabe que sigue siendo el caudillo popular indiscutido, y una sola palabra suya podría desencadenar una avalancha de protestas y violencia.
Hasta ahora, sólo ha usado su influencia para moderar algunos estallidos de violencia en Cité Soleil, el barrio áas pobre y rebelde de Puerto Príncipe. (FIN/IPS/ak/dg/ip/96)
