La decisión de la guerrilla de Guatemala de continuar el cobro del "impuesto de guerra"a finqueros de diferentes regiones del país provocó condenas en algunos sectores, que exigen terminar con esa práctica.
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), Humberto Pretti, pidió al gobierno que exija a la guerrilla suspender el cobro de ese "tributo" y denunció que 12 agroempresarios del suroccidente del país son extorsionados por la insurgencia.
Pretti no descartó un endurecimiento en las posiciones del CACIF en caso que el gobierno no consiga que la guerrilla deje de cobrar el impuesto.
Representantes del gobierno y de la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se reunirán en México entre el miércoles y el viernes para proseguir con el diálogo de paz, tratando por primera vez el tema aspectos socioeconómicos y situación agraria.
Las negociaciones se iniciaron hace cinco años, pero han avanzado muy lentamente. El conflicto cobró en 35 años más de 150.000 vidas.
Gustavo Porras, el nuevo coordinador de la gubernamental Comisión de Paz (COPAZ), dijo que el cobro del impuesto de guerra "puede echar por tierra los avances en el cese de las acciones ofensivas".
"Se tiene que resolver lo del cobro del impuesto de guerra y tratarlo tal vez no como un punto importante en la agenda pero sí como un aspecto que debe ser discutido, ya que nosotros hemos hecho esfuerzos por erradicar esa práctica", señaló.
La URNG declaró un cese al fuego temporal el día 20, que inmediatamente fue correspondido por el gobierno al ordenar el presidente Alvaro Arzú al Ejército suspender sus operaciones contrainsurgentes
El pasado fin de semana, el comandante guerrillero Pablo Monsanto declaró en México que pese a haber anunciado el cese al fuego, la URNG seguirá cobrando el impuesto de guerra.
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia, condenó esta práctica, por ser ilegal y violatoria de los acuerdos de paz.
García Laguardia dijo que en varias ocasiones se ha pronunciado contra ese cobro ilegal, por considerar que es violatorio al derecho internacional humanitario, al poner en peligro la vida de civiles, afectar al sistema productivo nacional y ocasionar desempleo.
El activista humanitario y dirigente del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) Mario Polanco reconoció que el cobro del impuesto de guerra es "un abuso de parte de la guerrilla", pero señaló que "es más abuso el que cometen los finqueros, al negarse a pagar salarios justos a los trabajadores".
El vocero del Ejército, coronel Guillermo Caal, estimó posible un acuerdo entre las partes en México para "suspender estas extorsiones" advirtiendo que si los finqueros lo solicitan los militares les brindarán seguridad.
El diputado Amílcar Méndez, del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), dijo que la guerrilla debe terminar con el cobro del impuesto de guerra para que "los sectores poderosos flexibilicen su posición, ayudando al avance del proceso de paz"
Según el CACIF, las extorsiones a que son sometidos los finqueros oscilan entre 5.000 y 20.000 dólares.
Previo a la nueva ronda de diálogo que comienza el miércoles, la URNG se reunió el domingo en San Salvador con representantes de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC).
El comandante guerrillero Pablo Monsanto dijo que la reunión sirvió para el intercambio de información sobre el proceso de negociación general, sus avances y las perspectivas del proceso.
La ASC planteó en el encuentro un paquete de propuestas, que incluye la necesidad de reformas en materia de salud, educación, propiedad de la tierra, aspectos fiscales y medio ambiente.
Por la ASC participaron de la reunión representantes de partidos políticos, grupos de mujeres, iglesias, jóvenes y otros. Según el jefe guerrillero Gaspar Ilóm ello "muestra la amplitud y pluralidad de la negociación en curso". (FIN/IPS/cz7dg/ip/96)
