Los sindicatos en los países andinos desconfían de la privatización y reclaman que el proceso no agrave la pobreza, dijeron hoy en Venezuela participantes en un seminario de las 16 centrales obreras de la subregión.
"La privatización por sí misma no es buena ni mala, pero en América Latina ha traído mayor desempleo", observó José Ibarra, director del instituto de estudios del Consejo Laboral Andino, el cual reúne a las centrales sindicales del área.
Para los trabajadores "todavía la privatización es una mala palabra" según el sindicalista siderúrgico venezolano Andrés Mercau, e Ibarra agregó que "existe recelo porque el proceso conduzca a la trasnacionalización y monopolización de las economías andinas".
Ibarra destacó que el seminario coincide con la cumbre andina en la ciudad peruana de Trujillo, en la que participan los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el canciller de Venezuela, y a quienes los sindicatos exponen que la privatización debe hacerse con ellos y no contrra ellos.
Rodolfo Romero, de la Central Latinoamericana de Trabajadores, de raíz socialcristiana, dijo que la privatización en el área andina "es compleja y crítica, porque acompaña una política neoliberal que trata de imponerse a rajatabla".
Sostuvo que el proceso "compromete especialmente a las empresas más rentables, como teléfonos, petróleo y minería", al lado de servicios públicos esenciales como agua, electricidad, educación y salud "y avanza hacia la privatización de la seguridad social".
"Pero no todo es fácil, pues por ejemplo en Colombia una huelga impidió en 1992 la privatización del sector telefónico, aunque la ofensiva se mantiene en parcelas rentables como telefonía celular y cables internacionales", dijo Romero.
En Perú, "en este momento se realiza una huelga histórica para evitar la privatización de la petrolera Petroperú" y en Bolivia, "la ciudadanía lucha contra la capitalización, forma de privatización, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales", añadió.
Bolivia y Perú "fueron los países que más empresas privatizaron en 1995 (19 y 30, respectivamente), pero se somete a los sectores populares a una pobreza crítica intolerable, con altas tasas de desocupación", según Romero.
En Venezuela "tanto la privatización de la telefonía como de la aerolínea Viasa son un fracaso, porque las tarifas y facturas son sobrecargadas y representan un asalto al usuario" y aunque no se ha podido privatizar la petrolera PDVSA se está por hacerlo con las industrias del acero y del aluminio", en 1996 y 1997.
También en Ecuador "la privatización ha resultado un fiasco porque desencadenó corrupción", apuntó, en tanto la posibilidad de privatizar la telefonía colocó en pie de guerra al sindicato del ramo.
En su opinión, el objetivo de las privatizaciones es debilitar al Estado, "arrinconándolo como mero árbitro entre poderosos, y transferir los recursos acumulados por la sociedad a pequeños grupos económicos".
Como ejemplo mencionó a las administradoras de fondos de pensiones de Chile, "que concentran 25.000 millones de dólares y tendrán el doble en el año 2000, con fuerte capacidad de control de la economía del país y de la regional".
Del lado socialdemócrata, Reinhart Wettmann, de la fundación alemana Friedrich Ebert, dijo que "lo importante no es la privatización per se, sino que exista una división del trabajo, porque es un crimen entrar en un proceso privatizador sin tener un modelo de desarrollo económico y social".
"Se necesitan medidas para distribuir costos y beneficios, y eso obliga a que la privatización se acompañe de capacitación de los trabajadores, una política de crecimiento económico e industrial, y un sistema de seguridad social adecuado al proceso transitorio", añadió.
La privatización con el único propósito de enjugar el déficit fiscal también es perversa, según Wettmann, aunque reconoció que es un elemento importante, "así como el propósito de contribuir a una competencia real, pues de nada sirve pasar de monopolios públicos a monopolios privados".
Otro aspecto del proceso es que "se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias", observó Ramón Gorriz, de la fundación española Paz y Solidaridad, un brazo de la central de origen comunista Comisiones Obreras.
Gorriz dijo a los sindicalistas andinos que "un país que se desprende de sus empresas públicas empobrece a su población, porque si el Estado se reduce a prestar servicios pierde una palanca para crear empleo y compensar el desarrollo desigual de las regiones dentro del país".
Ibarra dijo finalmente que las conclusiones del seminario se presentarán a los presidentes andinos "y con base en la prioridad que le han dado al desarrollo social, insistiremos en que destinen a ese fin los recursos que produzca la privatización". (FIN/IPS/hm/ag/if/96)
