El sistema judicial vive una profunda crisis en los países del Grupo Andino que se manifiesta en una gran cantidad de presos sin sentencia, según un informe de la no gubernamental Comisión Andina de Juristas, divulgado hoy en esta ciudad.
"Es grave que países como Venezuela, Perú y Bolivia tengan una cantidad de presos sin sentencia que superan el 70 por ciento", dijo en esta capital el presidente de la Comisión, Diego García Sayán, quien cumple una visita institucional.
El informe de la Comisión Andina de Juristas sostiene que la situación de los derechos civiles y políticos de la subregión andina en 1995 no tuvo rasgos homogéneos, pero destaca problemas graves, como las persistentes detenciones arbitrarias y la continua práctica de la tortura física y mental de los detenidos.
En Bolivia, la mayor parte de las violaciones del derecho a la vida, la libertad e integridad personal se produjeron con motivo de los violentos conflictos que enfrentaron al gobierno con los productores de coca y sectores gremiales.
"Si bien estos hechos se produjeron mayormente durante la vigencia del estado de sitio (en 1995), lo cierto es que la aplicación de la ley antidrogas y la lucha contra el narcotráfico se han convertido en un escenario recurrente de violaciones de los derechos humanos", según la Comisión.
Sobre Colombia, el documento indica que la población continuó siendo afectada por una aguda violencia proveniente de los grupos subversivos y paramilitares, el narcotráfico, la delincuencia común y por la arbitraria respuesta estatal a esa violencia.
En el primer semestre de 1995, en Colombia se registraron 139 ejecuciones extrajudiciales, 53 casos de desaparición forzada de personas, 150 denuncias sobre detenciones arbitrarias y siete de tortura, atribuídos a agentes estatales, y denuncias de 284 homicidios cometidos por grupos guerrilleros.
En Ecuador, durante el conflicto bélico con Perú se formularon denuncias sobre detenciones arbitrarias y torturas de civiles no involucrados en la confrontación, así como de desaparición de ciudadanos peruanos.
En Peru, pese el declive de la violencia política, la situación de los derechos humanos continuó en debate.
En gran medida las preocupaciones manifestadas se deben a la ineficacia y falta de independencia de las instituciones encargadas de su protección y a una política gubernamental no comprometida activamente con la defensa de estos derechos, señala el documento.
Sobre Venezuela, el informe de la Comisión Andina de Juristas afirma que entre octubre de 1994 y septiembre de 1995 se produjeron 126 muertes atribuídas a las fuerzas de seguridad, 46 de las cuales fueron ejecuciones extrajudiciales, lo que representa una ligera reducción respecto de períodos anteriores.
El documento incluye una referencia a Chile, aunque abandonó el Grupo Andino hace dos décadas, y señala que "no se ha logrado erradicar la práctica de la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes que durante 1995 afectaron especialmente a las personas recluídas en establecimientos penitenciarios".
La situación de presos sin sentencia en la subregión andina tampoco es alentadora.
El país más afectado es Bolivia, donde 80 por ciento de los 6.000 presos no tiene sentencia. Le siguen Perú, con 76 por ciento de presos sin sentencia de un total de 21.000, Venezuela, con 70 por ciento de 25.000, Ecuador, con 60 por ciento de 10.000, y Colombia, con 50 por ciento de los 30.000 presos.
En cuanto a Chile, señala que 59 por ciento de una población carcelaria de 18.000 personas no tiene sentencia.
Sobre los avances en los sistemas judiciales, la Comisión Andina de Juristas afirma que en Bolivia y Chile se presentaron en 1995 dos anteproyectos de Códigos para elevar su eficacia.
En Bolivia se aprobó, además, la Ley de Fianza Juratoria, en Chile el gobierno ha expresado su confianza en que la reforma al procedimiento penal en ese país fortalezca las garantías de los derechos básicos de los inculpados y prestigie los grados de legitimidad del sistema penal en su conjunto.
En Colombia, el sistema judicial ha obtenido resultados positivos, como los avances logrados en importantes investigaciones sobre narcotráfico y corrupción de funcionarios públicos, y en Perú, deberán resolverse las observaciones formuladas por el gobierno al nuevo Código Procesal Penal.
La Comisión Andina de Juristas destaca la designación por voto popular en Venezuela de los jueces en cuatro estados y que la implementación del sistema completo siga las directivas del Programa Nacional de Justicia de Paz, a cargo del Ministerio de Familia y sea apoyado por sectores de la sociedad civil. (FIN/IPS/jcr/ag/ip/96)
