Testimonios sobre presuntos sobornos y acuerdos secretos que involucran al cártel cocainero de Cali y al gobierno de Estados Unidos podrían provocar, si se confirman, un nuevo juicio y la puesta en libertad del ex hombre fuerte de Panamá, Manuel Noriega, actualmente preso en Estados Unidos.
Sus abogados introdujeron esta semana ante el Tribunal Federal de Justicia de Miami la petición para un nuevo juicio bajo el alegato de que que el proceso anterior fue manipulado mediante el soborno de un importante testigo por parte del cártel de Cali, así como por acuerdos secretos de la fiscalía.
Los abogados Frank Rubino y Jon May aseguran que su cliente merece un nuevo juicio porque la defensa no fue informada de pagos ni acuerdos supuestamente negociados con el ex diplomático panameño Ricardo Bilonick.
Bilonick testificó que Noriega le autorizo a traficar toneladas de cocaína hacia Miami en la década de 1980.
En una serie de audiencias iniciada el lunes, dos nuevos testigos de origen colombiano aseguraron que el cártel pagó 1,25 millones de dólares para obtener la confesión de Bilonick, quien ahora se encuentra en libertad tras cumplir tres años de arresto.
"Probaremos que hubo soborno", dijo Rubino, quien ha dirigido la defensa de Noriega desde que fue capturado por el ejército estadounidense en enero de 1990. El general fue acusado en 1992 de ocho cargos relacionados al narcotráfico y cumple condena de 40 años en una cárcel federal de Miami.
El general, forzado a abandonar Panama tras la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989, se presentó en las audiencias vestido con su uniforme militar y acompañado por su esposa y tres hijas, las únicas a las que se les permitió acceso además de los periodistas y algunas personas vinculadas al caso.
Rubino indicó que el gobierno negoció secretamente con el cártel de Cali a cambio de lograr una condena menor para Luis Santacruz Echeverri, hermano del líder de la organización colombiana también enjuiciado en Estados Unidos.
Señaló que para que Bilonick testificara contra Noriega, el gobierno accedió a reducir nueve años de la sentencia de 23 años impuesta a Santacruz por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Pero de acuerdo a los dos nuevos testigos a quienes la Corte ha decretado se les mantenga en el anonimato, la organización narcotraficante tambien le habría pagado a Bilonick por su testimonio.
Identificados como "Testigo A" y "Testigo B", ambos consideraron que es poco probable que el jurado hubiera votado contra Noriega si hubiera sabido cómo Bilonick fue inducido a rendirse ante las autoridades estadounidenses y atestiguar.
Ambos testigos indicaron haber llegado a Estados Unidos a fines de 1995 y fue sólo entonces cuando hablaron con agentes federales y con los fiscales de Miami sobre los presuntos sobornos.
El primer testigo dijo haber entregado personalmente una "cuota inicial" de 250.000 dólares a Bilonick en Panamá en 1991, y que un año más tarde su esposa recibió certificados de depósito por un millón de dólares más.
El segundo testigo, quien dijo haber trabajado como analista de sistemas en una empresa perteneciente a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los líderes del cártel de Cali, dijo haber escuchado allí una conversación telefónica sobre el soborno.
Otro testigo que actuó como intermediario en las negociaciones que trajeron a Bilonick a Miami, el abogado Joel Rosenthal, aseguró que no sabía nada de los pagos.
El abogado dijo que se encontró con Miguel Rodríguez Orejuela en Cali en busca de cooperación con el gobierno estadounidense para la captura del líder del rival cartel de Medellín, Pablo Escobar, o de Rogelio Paz, vinculado al asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, en la década de 1970.
Pero según su relato, los dirigentes del cártel de Cali transaron por conseguir un testigo estelar que ayudase a condenar a Noriega, ya encausado junto a otras 15 personas, a cambio de una sentencia menor para Santacruz, a quien él represento en la Corte.
Rosenthal dejó claro ante el tribunal que el propio fiscal Michael Patrick Sullivan, quien dirigió el caso Noriega, prohibió el uso de dinero como medio de negociación con los testigos. "El señor Sullivan me dijo simple y llanamente que no habría ningún pago", dijo el abogado.
Rosenthal se declaró recientemente culpable de lavado de dinero y está en espera de sentencia. Su arresto se produjo tras una investigación que dio como resultado la condena de otros tres abogados conectados con el cártel de Cali en Miami y Washington.
En su respuesta a la moción defensora, los fiscales federales aseguraron que el testimonio de Bilonick no fue crucial para el caso porque "cada pieza crítica de evidencia que ofreció fue corroborada por otros testigos o por evidencia física".
Los fiscales intentaron demostrar en su interrogatorio que Bilonick decidió cooperar con las autoridades en el caso Noriega independientemente del acuerdo sobre Santacruz.
Señalaron además que la reducción de su condena fue producto de la ayuda que el reo aportó en el decomiso de grandes cargamentos de cocaína y arresto de otros narcotraficantes, así como de información sobre un posible atentado contra uno de los hijos del entonces presidente George Bush.
También compareció Carlos Lehder Rivas, ex miembro del cártel de Medellín, que atestiguó contra Noriega en el primer juicio.
Lehder fue condenado en 1988 a prisión de por vida más 135 años, lo que después fue reducido a 55 años. El asegurá ante el tribunal el miércoles que había llegado a un acuerdo para que su condena fuera fijada en 30 años tras su testimonio contra Noriega.
"Con 55 años nunca seré libre", dijo al indicar que aún no ha recibido noticias del resultado de su acuerdo. Al ser interrogado sobre la veracidad de su testimonio dijo "Ciento por ciento verdad y nada más que la verdad".
Rubino dejó sentado que la presencia de Lehder en el estrado no pretendía elevar el incumplimiento de su caso en particular, sino demostrar que hubo acuerdos secretos que la defensa no conoció durante el juicio de Noriega.
De acuerdo a cómo salgan las cosas esta semana, el juez Wiliam Hoeveler deberá decidir en los próximos días si se otorga o no el derecho a un nuevo proceso que se tramitaría a través de la Corte de Apelaciones del 11 circuito en Atlanta, Georgia. (FIN/IPS/lhr/jc/ip/96)
