La campaña por la supresión de las políticas de "acción afirmativa" en favor de las mujeres y las razas postergadas cobra fuerza en el estado de California, y las encuestas ya pronostican su triunfo en noviembre.
Este movimiento en favor de la paradójicamente denominada "Iniciativa sobre los Derechos Cívicos de California" podría prohibir los tratos preferenciales sobre la base de la raza, el origen nacional o el sexo en la composición del funcionariado del estado y en el acceso a la educación.
Sin embargo, quienes se oponen a la propuesta se pusieron en marcha para evitar que llegue a votarse en las elecciones, lo que sucedería si sus partidarios recolectan 690.000 adhesiones firmadas, para lo que cuentan con el fuerte respaldo del Partido Republicano.
Muchos consideran que el título de la iniciativa constituye una herejía. Según la legisladora estatal Marguerite Archie-Hudson, se trata, en realidad, de "la ley de protección total de la élite en el poder".
De aprobarse, la norma constituiría un dramático giro de 180 grados en los derechos de las mujeres y las minorías, según sus opositores.
Las leyes actuales prohíben la discriminación sexual en el acceso al empleo a menos que se registre una "necesidad apremiante". En cambio, la iniciativa permite la discriminación si es "razonablemente necesaria".
"Las mujeres podrían sufrir despidos por quedar embarazadas o tener niños, como antes", dijo Jean Gary, presidente del grupo Abogadas Californianas.
Los argumentos del Partido Republicano apelan a los temores de la población blanca y a la escasez de empleos, pues sostiene que las minorías raciales han obtenido ventajas injustas debido a las normas vigentes, consideradas por ellos "discriminatorias".
Las encuestas demuestran que los hombres blancos constituyen el apoyo más entusiasta de la "Iniciativa sobre los Derechos Cívicos de California".
Sus temores, sin embargo, no encuentran respaldo en los hechos. Los negros y los originarios de América Latina ocupan los niveles más bajos del funcionariado del estado de California después de 30 años de "acción afirmativa", mientras este criterio no rige en el ámbito privado.
Además, los análisis demográficos demuestran que las minorías tienen una baja participación en la educación superior.
Pero los opositores a la iniciativa chocan con poderosas apelaciones al prejuicio racial. Las encuestas pronostican que el proyecto resultaría aprobado en noviembre, lo que refleja la tendencia conservadora que cobró fuerza desde 1994.
El gobernador de California, Pete Wilson, propuso entonces prohibir el acceso a los servicios sociales a los inmigrantes ilegales a traves de la denominada "Proposición 187".
La iniciativa actual es "un esfuerzo por restaurar la justicia", según Wilson, quien logró que Partido Republicano arrasara en las elecciones estatales y federales de 1994 que dieron al sector el control del Congreso de Estados Unidos por primera vez en muchos años.
La medida provocaría cambios dramáticos en California, un estado que en la década del 60 comenzó a aplicar numerosos programas para dar oportundades a las minorías étnicas y a las mujeres, tradicionalmente excluídas.
El Partido Republicano confía en que la campaña por la aprobación de la iniciativa calzará como un guante en la campaña previa a las elecciones presidenciales de noviembre, para las que el electorado de California es clave.
Los republicanos prevén que el actual presidente, Bill Clinton, actualmente al frente de las encuestas realizadas en el estado, se opondrá a la medida, lo que provocaría la estrepitosa caída de su Partido Demócrata.
Bob Mulholland, dirigente del Partido Democráta de California, consideró poco probable que el republicano Bob Dole, quien seguramente será candidato a la Presidencia, sea capaz de proponer la iniciativa "como el modo de introducir a Estados Unidos en el próximo siglo".
"Si Dole quiere hacer de esta cuestión un tema de su campaña, mejor, porque lo rebatiremos con facilidad", dijo Mulholland.
La "Campaña para Salvar los Derechos de las Mujeres y los Derechos Civiles", respaldada por 80 organizaciones, prevé gastar 10 millones de dólares en su apelación contra la iniciativa.
El dirigente estudiantil de la Universidad de California Angel Cervantes anunció que la "Coalición por Justicia Económica" realizará una marcha de tres meses de duración que concluirá en agosto con una concentración frente a la convención del Partido Republicano en San Diego.
El Grupo "Verano de la Libertad 1996" aspira a movilizar a 2.000 estudiantes universitarios contra la medida.
La senadora estatal Diane Watson y otros opositores también planean un boicot a las empresas que financian la campaña en favor de la iniciativa.
Pero las empresas no son las principales donantes, sino el Partido Republicano, según el jefe de la campaña y único negro involucrado con la iniciativa, Ward Connerly.
El partido donó 250.000 dólares de los 1,3 millones que se gastarán en la recolección de firmas. (FIN/IPS/tra-eng/jh/sw/mj/na hd ip/96)
