La propensión de los legisladores de Estados Unidos a disponer sanciones comerciales a los denominados "países canallas", como Cuba, Irán y Libia, provoca tensión en las relaciones entre Washington y aliados tradicionales cuyas empresas invierten en esas naciones.
La ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Bill Clinton a principios de este mes, es apenas la última de una serie de medidas que satisfacen los objetivos de Estados Unidos en materia de política exterior pero causa enojos y consternación en algunos países amigos.
Esta norma tiene la finalidad de detener la inversión extranjera en Cuba y convierte en materia de ley el embargo comercial vigente desde hace 34 años que, hasta ahora, correspondía a un decreto del Poder Ejecutivo.
La ley concede a los cubanos residentes en Estados Unidos cuyas propiedades comerciales fueron expropiadas después de la revolución de 1959 el derecho a querellar en cortes federales contra empresas que compren, arrienden o usen esos bienes.
Además, exige al gobierno negar las visas a jefes de empresas que "trafiquen" con estas propiedades, así como a sus familiares.
Al igual que otras dirigidas a impedir que compañías inviertan o comercien en favor de países "enemigos", esta ley es vista por algunos de los más estrechos aliados de Estados Unidos como un intento ilegal de extender las obligaciones dispuestas por Washington a naciones extranjeras.
El derecho a querellar empresas extranjeras es "una disposición indebidamente extraterritorial que contraviene principios internacionales", afirmó la embajada de Canadá cuando la iniciativa, detenida en el Congreso, resucitó por el derribo de dos avionetas estadounidenses dispuesto por La Habana.
Compañías canadienses invirtieron decenas de millones de dólares en Cuba, especialmente en los sectores turístico y minero.
El gobierno de Canadá efectuó consultas formales a Estados Unidos dirigidas a determinar si la ley colide con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y México, el tercer socio del bloque, comunicó a Ottawa que se unirá al planteo.
Los vecinos de Cuba en el mar Caribe y los países de Europa, algunos de los cuales tienen crecientes inversiones en el sector turístico de la isla, también protestaron.
La Unión Europea (UE) considera la posibilidad de objetar la ley Helms-Burton ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Ginebra y planea la firma de un acuerdo comercial con La Habana a pesar de la ley estadounidense.
Esta norma es apenas el último ejemplo de los esfuerzos del Partido Republicano para imponer la política de inversiones y comercio de Estados Unidos a terceros países.
Sobre la base de un embargo decretado por Clinton el pasado mayo, el Congreso, bajo fuerte presión de grupos pro-israelíes, está a punto de aprobar un boicot contra Irán.
Si se aprueba, la iniciativa, patrocinada por el senador por Nueva York Alfonse D'Amato, brindará a Clinton una variedad de sanciones para imponer contra empresas extranjeras que inviertan más de 50 millones de dólares al año en actividades petrolíferas iraníes.
Las medidas propuestas van desde la prohibición de préstamos o créditos de bancos públicos o privados de Estados Unidos hasta la negativa de permisos de ventas o exportaciones para las compañías.
La iniciativa, que ya fue aprobada por la unanimidad del Senado en diciembre, ya dio sus primeros resultados aunque no haya sido aún convertida en ley.
El diario Wall Street Journal informó la semana pasada que la compañía petrolera francesa Total se apresuró a asegurar a Washington que no reemplazaría a la estadounidense Conoco en un acuerdo de prospección por 1.000 millones de dólares en Irán.
Previamente, Clinton había prohibido a Conoco su participación en el contrato debido a las presiones del Partido Republicano.
Otras compañías petrolíferas extranjeras, entre ellas la holandesa Royal Dutch/Shell, la japonesa JGC Corp. y la australiana Broken Hill Propriertary Co., habrían renunciado a sus proyectos con Irán.
Pero los gobiernos de los países a los que pertenecen estas empresas no están complacidos, pues perdieron importantes contratos en uno de los principales productores de petróleo del mundo, obligados por una ley de Estados Unidos que procura extender la política comercial del país norteamericano.
Además, los países de la UE creen que incrementar el aislamiento económico de Irán erosiona los esfuerzos para inducir al gobierno islámico a abandonar su apoyo al terrorismo en Medio Oriente.
El proyecto de D'Amato también contiene sanciones contra Libia, país que ya fue sometido a medidas punitivas desde el gobierno de Ronald Reagan, como la prohibición a compañías de Estados Unidos de respaldar operaciones petrolíferas.
Clinton, de todos modos, no respaldó el proyecto por ahora. Además, los grupos de presión pro-israelíes no endosan las sanciones contra Libia con el mismo entusiasmo con el que apoyan las referidas a Irán.
Pero las compañías europeas que poseen inversiones en Libia están preocupadas, así como sus gobiernos e incluso algunos funcionarios del gobierno de Clinton.
"Esto provoca inconvenientes en los vínculos con nuestros aliados y en el sistema de libre comercio multilateral del que Estados Unidos surge como el gran beneficiario", sostuvo uno de ellos, que solicitó el anonimato.
También existe preocupación entre los impulsores de la OMC, organismo que desde hace un año supervisa el comercio mundial y cuenta con un fuerte respaldo de Estados Unidos. En su seno seguramente se plantearán objeciones a la ley Helms-Burton y al proyecto de D'Amato.
Pero el representante de Estados Unidos ante la OMC, Mickey Kantor, dijo a los legisladores la semana pasada que la ley es esencial para la seguridad nacional, y ese será el principal argumento en Ginebra. (FIN/IPS/tra-en/jl/mj/ip if/96)
