El socialista Felipe González, tras 13 años en el gobierno de España, llega a las elecciones generales de este domingo con tres asignaturas decisivas para el presente y el futuro de este país sin resolver.
Esas materias que no ha sabido, o podido, aprobar, son el sangriento conflicto vasco, la desocupación creciente y una deuda pública incontrolada, cuyo pago de intereses se constituye por sí mismo en un grave problema financiero para el Estado.
El conflicto vasco reconoce una larga data, que se funde en el origen del Estado español, pero su conversión en "Guerra del Norte" se originó en los últimos años del franquismo, cuando fue fundada la organización separatista Eta.
Esa organización se hizo célebre y ganó la simpatía de vastos sectores de la ciudadanía española, al matar en un atentado, en 1973, al almirante Luis Carrero Blanco, considerado el seguro sucesor del dictador Francisco Franco.
Eta mantiene su celebridad con atentados indiscriminados, dentro y fuera del País Vasco, pero ha perdido aquella simpatía, que se ha trocado en rechazo.
En el País Vasco sus apoyos se pueden estimar por los votos que obtiene la coalición Herri Batasuna, que sustenta similares posiciones políticas y que representan 15 por ciento del electorado en aquella región.
El gobierno de González incrementó el accionar policial contra Eta, negoció en público y en secreto con sus máximos dirigentes y alentó o, al menos, dejó hacer, una "guerra sucia" desde el Ministerio del Interior.
Esa suciedad llevó ante los tribunales a su ex ministro del Interior, José Barrionuevo, al ex Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, al ex Director General de Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, y a los mandos policiales que actuaron a sus órdenes directas.
Esos mandos, que confesaron sus crímenes y dicen haber actuado cumpliendo órdenes superiores, Barrionuevo, Vera y Sancristóbal, están procesados y en libertad bajo fianza, a la espera de que se celebre el juicio, acusados de pertenencia a banda armada y de autoría o complicidad en los atentados.
Tanto la represión, legal e ilegal, como las negociaciones fracasaron. Eta se mantiene activa, sin operaciones militares que permitan calificarla de organización guerrillera, pero con atentados indiscriminados que siembran el terror.
Además, cuenta con una cantera de jóvenes inconformistas que nutre sus comandos cada vez que son desarticulados por la policía.
Pero, con toda la dureza de la situación vasca, el fracaso socialista que afecta directamente a más ciudadanos es la desocupación creciente, producto en gran parte de un proceso de desindustrialización.
En 1982 había 2.144.800 desocupados, según el oficial Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ante lo que el PSOE prometió en su programa electoral crear 800.000 nuevos puestos de trabajo en la legislatura 1982-86.
Más, desde que los socialistas llegaron al gobierno en 1982, con leves altibajos la desocupación llevó un ritmo creciente, hasta totalizar a finales de 1995, según el mismo INE, 3.584.000 personas desempleadas, lo que significa que uno de cada cuatro españoles en edad activa están en paro.
Y que, según admiten cifras oficiales, hay un millón de hogares en los que no consigue empleo ninguno de sus miembros en condiciones de trabajar.
El desempleo afecta a 40 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años y 90 por ciento de los nuevos empleos son precarios, con contratos de tres meses de duración, como promedio.
No menos grave que el desempleo es la situación de la hacienda pública. En los presupuestos generales del Estado para 1996, la deuda pública está prevista en una cifra que representa 66,1 por ciento del producto interno bruto.
Sólo el pago de los intereses de esa deuda absorbe 12 por ciento del gasto público no financiero.
Esta tercera asignatura pendiente pesará como una losa sobre el futuro gobierno, quienquiera que lo encabece, pues obligará a una mayor restricción presupuestaria, según coinciden todos los analistas locales.
González atribuye el déficit presupuestario a los gastos sociales que su gobierno debió realizar para paliar la situación económica de los sectores de menos ingresos, por causa de una profunda recesión económica en 1995/95.
La oposición, en cambio, le reprocha haber gastado sin control y de manera ineficiente, por lo que, aseguran tanto el centroderechista Partido Popular como la coalición Izquierda Unida, no sólo no se resolvieron problemas sociales, sino que se agudizaron. (FIN/IPS/td/jc/ip/96)
