Comerciantes y agricultores de dos provinicas de El Salvador realizarán este jueves un paro de labores contra el auge de la delincuencia.
Así lo informó este lunes Pedro Martínez, empresario y presidente del Comité pro Defensa de la provincia de Usulután, para quien la delincuencia ha pasado a ser foco de descontento generalizado, obstáculo a la actividad productiva y fuente de desestabilización.
La medida de fuerza también se llevará a cabo en San Miguel, otra provinica del oriente del país.
Los empresarios cuestionan la incapacidad de la policía y la justicia oara luchar contra la delincuencia.
"Tenemos el apoyo de la policía, pero no es suficiente, el problema es que las leyes son frágiles", dijo Martínez.
Hugo Barrera, ministro de Seguridad Pública, señaló que como máximo la semana próxima se pondrá en marcha un plan de combate contra la delincuencia en Usulután, que comprende la intensificación de operativos policiales y el desplazamiento a la región oriental de unidades especializadas en las investigaciones contra el crimen.
Según datos de la Fiscalía General de la República, El Salvador es uno de los países más peligrosos de América Latina, con un promedio de un homicidio cada hora.
Estadísticas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos indican que mensualmente la policía captura a más de 2.000 personas por cometer delitos de diversa gravedad.
"Hemos planificado que en un plazo de 30 días efectuaremos la segunda suspensión de labores, en esta ocasión por dos días, si que no logramos el apoyo de las autoridades y si no se cumplen las medidas de seguridad" anunciadas, advirtió Martínez.
"Lo que urgimos es seguridad y no importa si estas tareas las debe hacer el ejército, puesto que ya no soportamos" esta situación, dijo a su vez el agricultor Ulises González.
El año pasado el gobierno puso en marcha en el interior del país el "Plan Guardián", en función del cual 3.000 policías y soldados patrullan conjnutamente carreteras y zonas rurales.
La Constitución prohibe al ejército participar en tareas de seguridad publica, salvo con una orden especial del presidente de (FIN/IPS/jd/dg/ip/96)
