La normalidad del tránsito en la capital de Ecuador continúa hoy dependiendo de la intervención del ejército, que desde el lunes tomó control de las calles, mientras se mantiene sin solución un conflicto entre los propietarios de autobuses del transporte urbano y el alcalde Jamil Mahuad.
En el origen del diferendo está la decisión municipal de retirar del servicio 1.106 vetustos autobuses (36 por ciento del total), con más de 20 años de antigüedad, como parte de un programa de control de la contaminación ambiental, medida que critican sus propietarios.
La militarización de Quito fue la respuesta presidencial a una medida dispuesta por la dirigencia de los transportistas, que el pasado fin de semana paralizaron sus actividades y cerraron todas las calles y avenidas de la capital por considerar políticas las medidas impulsadas por el alcalde.
Los transportistas formaron barricadas en las calles con cientos de autobuses, reforzadas con murallas de llantas quemadas, que impedían la circulación de peatones y automóviles particulares.
En el transcurso de estas movilizaciones se produjeron enfrentamientos entre conductores y fuerzas de seguridad, que provocaron un saldo de dos muertos y decenas de heridos.
Los agentes "se vieron superadas por las medidas de los inconformes", reconoció el comandante general de la policía, Marco Hinojosa.
Las dos partes en conflicto intercambian acusaciones sobre la existencia de intereses electorales en la base del actual enfrentamiento.
Para Hugo Peñafiel, líder de los empresarios del transporte urbano, las medidas adoptadas por el municipio "son parte de la campaña política de Mahuad", que busca la reelección en las elecciones generales del próximo 19 de mayo y "no tienen nada que ver con el control de la contaminación, que tanto defiende".
A pesar de que la circulación vehicular ha retornado a la normalidad bajo la presencia militar, los transportistas se mantienen en paro, aunque es visible una división entre la dirigencia.
Peñafiel ha sostenido que "no nos amedrenta la presencia del ejército", al asegurar que el paro continuará hasta que Mahuad se retracte de su decisión, pues "está dejando a más de mil familias sin ingresos y eso es un verdadero crimen".
Sin embargo, según el diario Hoy de esta capital, voceros de los conductores sostuvieron que Peñafiel manejó mal el paro de los conductores y que ahora tendrá que enfrentarse a la demanda que el municipio le formuló por daños materiales, que ascienden a los 54.000 dólares.
Por su parte, Mahuad alega que la dirigencia de los transportistas "no ve por los intereses de los choferes afectados por la decisión municipal, sino por los propios", ya que, señaló, "Peñafiel encabeza las listas de diputación nacional", en un partido opositor al de la alcaldía.
La polémica entre los transportistas y el alcalde se remonta a finales de 1995, cuando se inauguró la primera fase del sistema de transporte con trolebuses, que no contaminan por ser impulsados por energía eléctrica.
En aquella ocasión, los conductores amenazaron con iniciar un paro de actividades, pues sostenían que el trolebús les restaría ingresos y por ello exigían una indemnización. Este problema se agravó con el anuncio del gobierno del aumento de precio en los combustibles.
Como resultado, varias unidades y estaciones del flamante sistema de trolebuses sufrieron atentados. Ante el peligro de perder los 54,4 millones de dólares invertidos en el proyecto, el gobierno central medió en la pugna, que finalmente se resolvió con una serie de concesiones.
El gobierno otorgó a los transportistas la congelación del precio de los combustibles y autorización para la importación de vehículos usados, sin aranceles, concesiones que fueron duramente criticadas por analistas, que aludieron a la existencia de una "mafia rodante".
"El poder de los transportistas en esta capital es más grande que en cualquier otra ciudad de Latinoamérica", apuntó el urbanista Diego Carrión, que considera acertada la decisión del alcalde, pues "es una medida que se debía tomar en algún momento".
"Los realmente afectados por este conflicto somos los usuarios", dijo Guillermo Carrasco, estudiante universitario.
"Unos defienden sus empleos y otros a la ciudad, es decir, todos tienen sus razones", apuntó Diana Gutiérrez, empleada bancaria.
Para Alicia Valle, "Mahuad sólo quiere obtener más votos y que la gente use su trolebús, y no toma en cuenta que la población no puede pagar el precio que cuesta", que es 0,2 centavos de dólar frente a los 0,08 centavos que cuesta el transporte en autobús.
Según un sondeo realizado por una radiodifusora local, la gente de altos recursos económicos apoya la decisión del alcalde metropolitano, mientras que los de bajos recursos se manifiestan en contra del retiro de los 1.106 viejos autobuses.
De acuerdo a las últimas cifras difundidas por la encuestadora Perfiles de Opinión, Mahuad supera a su más cercano contendiente con 22 por ciento de las preferencias electorales para las próximas elecciones generales del 19 de mayo, porcentaje que aumentó más de 10 por ciento luego de iniciado el conflicto.
"El mejor golpe de campaña de Mahuad fue auspiciado por los transportistas", consideró el analista Angel Espinoza. (FIN/IPS/mg/jc/tr-ip/96)
