Ecuador obtuvo este mes la certificación del gobierno de Estados Unidos por sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, pero los señalamientos del Departamento de Estado provocaron una fuerte reacción del Congreso y el Poder Judicial de este país andino.
Un informe oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda al gobierno ecuatoriano que reestructure el sistema judicial por considerarlo lento y corrupto.
Carlos Solórzano, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, consideró una intromisión el pronunciamiento estadounidense y aseguró que no permitirá "la injerencia de ese país", en la órbita de sus funciones.
El presidente Sixto Durán Ballén "deberá protestar y exigir una aclaración", añadió.
"Somos respetuosos de las funciones de otros estados y de sus políticas internas y exigimos ese mismo trato para con nosotros", enfatizó Solórzano al cuestionar los señalamientos del Departamento de Estado sobre la corrupción de la justicia ecuatoriana.
"Ecuador es uno de los grandes países de tránsito de la cocaína procesada de Colombia a Estados Unidos y Europa", además de "un lugar de lavado de dinero para los narcotraficantes y un puente de importaciones de los químicos esenciales para el procesamiento de coca en Colombia", según el informe.
Asímismo, el Departamento de Estado manifestó sus sospechas sobre la existencia de laboratorios de procesamiento de coca, a todo lo largo de la frontera con Colombia.
El conflicto bélico con Perú, a principios de 1995, y el proceso de negociaciones que aún continúa, sumado a los escándalos de corrupción que permearon las altas esferas del poder, "distrajeron la atención del gobierno de Ecuador de la lucha antinarcótica", de acuerdo al informe norteamericano.
El comandante general de la Policía, Marco Hinojosa, aseguró que el gobierno ecuatoriano y sus instituciones han mantenido como una prioridad nacional la lucha contra las drogas, "pese a las grandes limitaciones económicas y de personal especializado".
Según Hinojosa, se han realizado las peticiones correspondientes a la embajada de Estados Unidos, "pero el presupuesto para el control siempre es insuficiente y no queda nada para la planificación".
Silvia Corella, consultora del Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), dijo a IPS, que en 1994 Ecuador recibió 380.000 dólares del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID), mientras que en 1995 obtuvo sólo 80.000.
Este presupuesto apenas alcanza para realizar un estudio sobre tendencias de consumo, y "es insuficiente para emprender campañas contra las drogas y para enfrentar a los narcotraficantes, con mayor razón", añadió Corella.
Para considerar a Ecuador como uno de los países con mayor actividad económica proveniente del narcotráfico, es preciso "entregar detalles y fuentes sobre el origen de la información", afirmó el presidente del Congreso, Fabián Alarcón.
Alarcón, instó a una comisión especial del parlamento a que recabe información sobre el lavado de dinero en el país, pues considera que con frecuencia el gobierno de Estados Unidos y organismos internacionales hacen denuncias "que se quedan en el aire". (FIN/IPS/mg/ag/ip/96)
