Estados Unidos fungió el viernes 1 como juez por décimo año consecutivo y exhibió tarjetas amarillas y rojas a países con problemas de narcotráfico que esperaban con ansiedad, en un proceso salpicado por influencias políticas, esfuerzos diplomáticos y discursos nacionalistas.
"Basada en parámetros totalmente relativos, la nación más poderosa y narcotizada del mundo señalará una vez más quiénes y cómo luchan contra las drogas", declaró a IPS Jorge Chabot, experto del área de estudios internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE).
Son 31 países, 12 de ellos latinoamericanos, que recibieron de Washington "certificaciones", "descertificaciones" o advertencias sobre el papel que jugaron durante el último año en el combate contra el narcotráfico. De la calificación dependerá la futura entrega de cooperación y asistencia financiera.
El colofón del proceso respondió, "más que censuras reales" al desempeño de los gobiernos, a la necesidad del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, de "satisfacer a un público que comienza a involucrarse en la carrera presidencial" que concluirá en noviembre en el país norteamericano, opinó Chabot.
La decisión fue conocida el viernes 1, cuando el gobierno de Clinton, obligado por la ley de "Control, Educación y Coerción contra las Drogas" aprobada en 1986, entregó al Congreso la lista de calificaciones.
Las certificaciones constituyen un elemento de tensión periódica entre América Latina y Washington.
Estados Unidos, el mayor consumidor del drogas en el mundo, con un gasto anual de unos 100.000 millones de dólares en ese rubro – según cifras de Chabot-, no tiene autoridad para hacer de juez, dijo el mexicano Manuel Quijano, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Si un país de América Latina "no llegara a aprobar, Estados Unidos tampoco sería certificado porque no hace un esfuerzo para erradicar el consumo", expresó el funcionario de la JIFE, organismo que integra el sistema de las Naciones Unidas.
Algunos gobiernos como el de México, que las semanas previas a la decisión de Clinton, realizaron gestiones para conseguir la certificación, rechazan el proceso con el argumento de que viola la soberanía.
La certificación de México "no altera las politicas antinarcóticos" del gobierno de Ernesto Zedillo, sostenía el mismo viernes 1 un comunicado oficial que reiteraba las críticas contra ese proceso.
La decisión no modifica las prioridades del gobierno, que "continuará subrayando la importancia de privilegiar un enfoque integral que ataque por igual la demanda, la distribución, el tránsito y la producción" de drogas, afimró el comunicado.
La administración de Zedillo dijo estar preocupado "acerca del impacto que procesos como el de la certificación pueden producir en la creciente y efectiva cooperación bilateral que existe entre México y Estados Unidos".
Colombia, que a la postre resultó "descertificada", criticó el mecanismo y exigió más cooperación que imputaciones.
En el caso de Colombia, donde el presidente Ernesto Samper es acusado de haber recibido dinero del narcotráfico, Clinton seguramente no quiso "jugarse certificando sin reservas a un gobierno que podría caer", dijo Chabot.
"En realidad, los criterios que aplica Washington para evaluar son poco confiables, pues no parten de un parámetro claro. Este proceso tiene que ver más con política", expresó el experto del CIDE, una de las instituciones de mayor prestigio académico en México.
En los últimos años la descertificación total ha sido reservada a aíses con los que Estados Unidos tiene una relación limitada, como Afganistán, Irán, Laos, Myanmar y Siria.
"Etiquetar" a los países, definitivamente, no redujo en Estados Unidos el problema de las drogas, reconoció hace poco Mathea Falco, directora del centro Drug Strategies y ex secretaria adjunta para Asuntos de las Drogas del Departamento de Estado durante el gobierno de Ronald Reagan.
Estados Unidos gasta millones de dólares para combatir el narcotráfico. Sin embargo, 12 millones de estadounidenses consumen enervantes por lo menos una vez al mes, dijo Falco.
Chabat consideró que las reacciones nacionalistas que el proceso de certificación genera en varios países no tienen ninguna proyección real en Estados Unidos. "Son actitudes respetables pero intrascendentes", opinó.
Mientras Estados Unidos sea un país poderoso, con el que América Latina mantiene la mayor parte de su comercio, y mientras exista en él un mercado de drogas contra el que el gobierno, supuestamente, lucha, las certificaciones continuarán haciendose a pesar de las protestas, agregó.
En México, el opositor Partido de la Revolución Democrática, tercera fuerza política del país, propuso en el Congreso una ley que obligue a las autoridades locales a certificar las acciones antidrogas de Estados Unidos.
"México y otros países que se ven vilipendiados por poderosos harían bien en arrogarse el derecho de certificar las conductas de las naciones que ocasionan fenómenos de patología social y económica en el mundo", dijo Porfirio Muñoz, presidente del PRD. (FIN/IPS/dc/dg-mj/ip/96)
