La certificación de la política antidrogas de unos 30 de países del Sur que realiza Estados Unidos es "un mecanismo colonialista de presión política sin sustento técnico", afirmó el presidente de Comisión Andina de Juristas, Diego García Sayan.
El gobierno del presidente Bill Clinton dio a conocer el viernes 1 la lista de países que, en su opinión, no combaten eficientemente al narcotráfico en sus territorios, entre ellos Colombia.
Los que resultaron "descertificados" (descalificados), corren el riesgo de sufrir sanciones económicas y presiones financieras.
"Se trata de un mecanismo perverso, pues el país en donde el narcotráfico tiene la mayor expansión y poderío se ha autoconferido el derecho a calificar a los demás y a amenazarlos con sanciones", dijo García Sayan.
El jurista cuestionó el derecho de Washington para condenar a Colombia, donde la lucha contra los carteles de Cali y Medellín implicó un alto costo social, mientras en "Estados Unidos los carteles de Miami, Chicago y Los Angeles no han sido tocados".
"El narcotráfico ha creado en el mundo una realidad compleja y contradictoria y no es fácil determinar cuánto se ha hecho o dejado de hacer para erradicarlo. Hay muchos factores que deben tomarse en cuenta", expresó.
La Comisión Andina de Juristas, organización no gubernamental que se ocupa de los derechos humanos en la subregión, se opone a la certificación estadounidense y apoya la propuesta sustitutoria del secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Boutros Boutros-Ghali, de convocar a un foro mundial sobre narcotrafico.
"Fracasados los procedimientos represivos, pues corrompen y convierten en cómplices quienes están a cargo de ellos, e inoperantes las políticas de sustitución de cultivos, hay que buscar la solución en el combate a la pobreza campesina, el principal factor de la producción", dijo García Sayan.
El jurista señaló a los países desarrollados no sólo como promotores del narcotráfico mundial, en tanto principales consumidores, sino también como responsables de la pobreza rural en las naciones del Sur, base social de la producción.
Expertos peruanos en narcotráfico coinciden con el presidente de la Comisión Andina de Juristas en que los países industrializados se resisten a la conferencia mundial sobre drogas propuesta por la ONU pues allí se abordaría la cuestión de los subsidios agrícolas que ellos aplican.
En cuanto a Perú, García Sayan anotó que este país "tiene buena y mala vitrina en la represión del narcotrafico".
En ese sentido, el gobierno de Alberto Fujimori incautó 23 toneladas de cocaína en 1995 y hay jefes militares enjuiciados por colaborar con el narcotráfico, pero "hay muchos otros que no han sido tocados y la producción peruana de pasta básica en 1995 fue de 600 toneladas", comentó.
Entre 1994 y 1995, la extensión del territorio peruano sembrado de coca disminuyó en ocho por ciento (de 108.100 hectáreas a 100.000), resultado que el presidente de la Comisión Andina de Juristas atribuyó a la acción del fusarium, un parásito que destruye los cocales.
No obstante, algunos campesinos acusan a la agencia de combate a la droga de Estados Unidos (DEA) y a la policía de Perú de expandir el parásito.
Raúl Serrano, experto de Cedro, un instituto independiente que trabaja contra la drogadicción en Perú, estimó que Perú, que obtuvo la certificación a pesar de ser el principal productor de pasta básica de cocaína en el mundo, "no puede, naturalmente, ser declarado eficiente en la erradicación del narcotráfico". (FIN/IPS/al/ag-mj/ip/96)
