La "descertificación" a Colombia decidida por Estados Unidos obedece más a su naturaleza de elemento político de presión y castigo que este instrumento ha adquirido en la época de la posguerra fría que a los aspectos técnicos para los que fue creado, según expertos.
Este factor político explica la decisión del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a pesar de que Colombia exhibe buenos resultados en el combate contra las drogas que desarrolló en 1995, señaló el experto Juan Tokatlián.
Para Colombia, el procedimiento habría sido este año "más inquisitivo debido a los reveses de la estrategia doméstica antidrogas", dijo Tokatlián, investigador del Centro de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, la principal del país.
El gobierno de Colombia calificó el mismo viernes 1 de injusta la "descertificación". El canciller Rodrigo Pardo afirmó en un comunicado que la decisión "desconoce el compromiso y los sacrificios" de Colombia en su lucha contra las drogas y "los contundentes resultados obtenidos en 1995".
El canciller afirmó, además, que esta evaluación unilateral realizada por Estados Unidos sobre otros países del mundo en el caso de Colombia "no solo desconoce los esfuerzos de la nación" sino las voces de la sociedad civil que pidieron a Washington que reconociera los logros en esta materia.
Según el gobierno colombiano, el proceso de evaluación de Washington "no se realiza con base en criterios objetivos de medición y está influenciado por razones de orden político".
En la decisión estadounidense de descertificar a Colombia pesó la crisis que afronta el gobierno por el presuntos aporte financiero del Cártel de Cali a la campaña electoral del actual presidente, Ernesto Samper, en 1994, señaló Tokatlián.
En su comunicado, Pardo ratificó el compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, pues se trata de "un asunto de interés nacional", al tiempo que llamó la atención de la comunidad internacional para que se comprometa "en la misma medida a combatir este flagelo".
El proceso de certificación fue instaurado unilateralmente por Estados Unidos en 1986, durante el gobierno de Ronald Reagan, con el argumento de que las drogas ilícitas constituían una amenaza letal para la seguridad nacional de ese país.
Para Tokatlián, el descontrol en el consumo interno en Estados Unidos y la necesidad de contar "con un instrumento diplomático de presión y castigo para los países ligados a la red del narcotráfico son las razones que llevaron a Washington a la adopción de esta medida.
Estos dos factores hicieron del proceso de certificación "la herramienta perfecta para trasladar al exterior los fracasos de la politica antidrogas interna", añadió.
En esta primera etapa, el proceso se manejó con paradigmas de la guerra fría más que con la lógica prohibicionista.
De ese modo, se certificaba plenamente a aliados cercanos como Colombia o por razones de interés nacional por su posición estratégica a países como Nigeria, mientras se "descertificaba" a enemigos como Irán.
En esta década, con el fin de la guerra fría, la certificación alcanzó un tratamiento prioritario, pues se vinculó la seguridad nacional con el problema del crimen transnacional.
En 1993, el gobierno de Clinton imprimió al proceso una naturaleza aún más punitiva, presionado por los precarios resultados de la lucha antidrogas y las críticas del bloque del opositor Partido Republicano en el Congreso frente al fenómeno del narcotráfico.
En ese marco, Colombia obtuvo en 1994 la certificación "por razones de seguridad nacional". Eso funcionó como advertencia y sirvió como acicate para que el gobierno capturara a la cúpula del Cártel de Cali, que controlaba 80 por ciento del mercado mundial, según la agencia antidroga estadounidense (DEA).
Si para el otorgamiento de la certificación se tomaran en cuenta los criterios técnicos con que fue creado el instrumento, Colombia habría merecido el aval de Clinton este año, pues no sólo capturó en 1995 a la cúpula del Cártel de Cali sino que, además, presentó resultados cuantitativos.
El gobierno del país sudamericano informó que el año pasado se gastó 984 millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico, mientras la ayuda de Estados Unidos asciende apenas a 13,5 millones de dólares anuales.
Entre las acciones emprendidas se destacan la destrucción de 25.466 hectáreas de coca, 4.249 de amapola y 573 laboratorios, la el arresto de 2.634 narcotraficantes y la captura de 4,2 billones de dosis de cocaina y 1,3 billones de dosis de heroína.
Sin embargo, en la percepción de Tokatlián, Clinton tuvo más en cuenta la crisis institucional desatada por el presunto aporte del narcotráfico a la campaña electoral de Samper. (FIN/IPS/yf/ag- mj/ip/96)
