Las diferencias entre el gobierno y los empresarios en Colombia se agudizaron tras las recientes declaraciones de miembros del gabinete, minimizando los efectos económicos y financieros de la "descertificación".
El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los 15 principales sectores de la producción, cuestionó este jueves al ministro de Justicia, Carlos Medellín, y el viceministro de Comercio Exterior, Alfonso Llorente, y reiteró su pedido al presidente, Ernesto Samper, de que se retire temporalmente del cargo.
El gobierno de Estados Unidos negó el 1 de marzo la certificación de Colombia como país que colaboró en 1995 con sus esfuerzos contra el narcotráfico.
El ministro Medellín calificó de "moneditas" la ayuda estadounidense que se perderá con la "descertificación", en tanto Llorente senaló que los industriales no deberían "ponerse a llorar por limosnas arancelarias".
Con la "descertificación", Colombia pierde parte de la asistencia de Estados Unidos y podría recibir sanciones comerciales. Además, los representantes de ese país ante los organismos multilaterales de crédito votarán contra todas las solicitudes colombianas.
El Consejo Gremial Nacional consideró que las declaraciones de los dos miembros del gobierno son contraproducentes y no ayudan al país en las actuales circunstancias.
Gustavo Tobón, presidente de la Federación Nacional de Industrias Metalúrgicas, afirmó que Medellín y Llorente están "agregando leña al fuego", en alusión al deterioro de las relaciones bilaterales por el tema del narcotráfico.
Estas declaraciones son "inoportunas, imprudentes" y pueden ocasionar reacciones contrarias a los intereses de Colombia en sectores del Congreso estadounidense, afirmó el dirigente empresarial, quien aseguró que el problema de fondo en el país es la ingobernabilidad.
Tobón reiteró la sugerencia hecha al presidente Ernesto Samper por el Consejo Gremial Nacional para que se retire temporalmente del cargo, mientras el Congreso realiza el debate por presuntos aportes del narcotráfico a su campaña electoral.
El ministro de Comercio Exterior, Morris Harf, dijo que los empresarios están desinformados sobre los efectos de la "descertificación" y reiteró que la misma no tendrá repercusiones económicas graves.
El canciller Rodrigo Pardo, en tanto, invitó al sector privado a aprovechar otros espacios, como el de los beneficios que ofrece la Unión Europea (UE) dentro del Régimen Droga del Sistema General de Preferencias, que facilita el ingreso de productos colombianos a ese mercado con aranceles reducidos.
Este esquema fue creado para apoyar la lucha de los países del Grupo Andino contra el narcotráfico y fue renovado en enero de 1995 por un espacio de 10 años para productos industriales.
Sin embargo, el empresariado colombiano considera que no deben subestimarse las relaciones económicas con Estados Unidos y anunciaron que, con el propósito de evitar posibles sanciones derivadas de la "descertificación", continuarán realizando gestiones ante sus colegas de ese pais.
Con ese objetivo viajó este jueves a Washington Alfredo Fuentes, coordinador técnico del Consejo Gremial Nacional, quien presentará al embajador de Colombia, Carlos Lleras, las inquietudes del sector privado.
El gobierno estadounidense afirmó que no aplicará por el momento sanciones comerciales a Colombia, pero analistas señalaron que esta decisión estaría vinculada a la evolución de la crisis política del gobierno de Samper.
Fuentes manifestó que existe el temor de que sectores como textiles, azúcar y flores se vean afectados por las medidas arancelarias que se adopten tras la "descertificación".
Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, destino de 39 por ciento de sus exportaciones y el mayor inversionista, con 50 por ciento del total.
Em caso de ratificarse este mes la "descertificación" de Colombia por parte del Congreso de Estados Unidos, se verán afectados créditos entre 748 millones y 989 millones de dólares, señaló el embajador estadounidense en Bogotá, Myles Frechette. (FIN/IPS/yf/ag/ip/96)
