Bolivia confiaba en que Estados Unidos dictaminaría el viernes 1 la aprobación del examen en materia de lucha contra el narcotráfico que, por lo tanto, es merecedor de su confianza y ayuda financiera.
El gobierno de Bolivia cumplió en 1995 las metas exigidas por Estados Unidos en cuanto a erradicación de plantaciones de coca, principal blanco de Washington en su combate a las drogas en este país, segundo productor mundial del insumo de la cocaína.
Esta nación sudamericana erradicó algo más de las 5.400 hectáreas de cultivos de coca que Estados Unidos pidió destruir so riesgo de "descertificarlo".
La "descertificación" implica la pérdida del aval para que una nación reciba ayuda no sólo de Washington, sino también en organismos multilaterales de crédito donde su voto es decisivo.
En opinión del analista Carlos Toranzo, del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, la inminencia latente de la "descertificación" revierte por completo la funcionalidad que en el pasado tenía el circuito coca-cocaína dentro de la economía boliviana.
"La 'descertificación' implica coartar el acceso al financiamiento internacional y el riesgo de un boicot a las exportaciones. Además, un país que 'descertificado' se convierte en un paria, en un marginal en el circuito internacional", dijo Toranzo.
El embajador de Estados Unidos en La Paz, Curtis Kamman, había anunciado a fines de febrero que Bolivia no debería preocuparse esperando el viernes 1 de marzo, cuando el presidente Bill Clinton calificó la cooperación de los países involucrados en la producción o tránsito de drogas con su país.
La certificación estadounidense llegó este año a Bolivia en medio de fuertes temores de los campesinos cocaleros por el posible giro que podrían tomar los planes de erradicación de cultivos de coca, que hasta ahora se han desarrollado en forma "voluntaria y compensada".
El gobierno compensa con 2.500 dólares por cada hectárea de coca que el campesino decide erradicar en forma voluntaria, aunque con un riguroso control por parte de las autoridades.
Pero las dificultades para concertar con el movimiento cocalero parecen anunciar una nueva forma de cumplir con las exigencias de Estados Unidos a través de la erradicación forzosa.
Esta implicaría la "militarización" de la región del Chapare, donde se concentra casi toda la producción de coca y cocaína de este país.
En diciembre y enero pasados, más de un centenar de mujeres cocaleras del Chapare marcharon durante 31 días hasta la sede de gobierno para oponerse a toda forma de erradicación forzosa de cocales y pidiendo el respeto a los derechos humanos en su región.
El movimiento de las mujeres acabó "sin pena ni gloria" con la firma de convenios de buena voluntad entre las productoras y el gobierno.
Hasta ahora, el gobierno boliviano ha demostrado una mayor fortaleza frente al movimiento cocalero, en buena parte porque su ministro de Gobierno (Interior), Carlos Sánchez, el hombre duro del Ejecutivo, mantuvo una política férrea e implacable frente a los campesinos.
En el frente externo, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aún realiza grandes esfuerzos para conseguir de Estados Unidos una ayuda económica significativa, aunque ya no al nivel de años anteriores.
En enero, Sánchez viajó a Washington para gestionar personalmente una cooperación económica del orden de los 15 millones de dólares para cubrir gastos del gobierno por compensación a los productores que erradican sus cocales.
Sin embargo, ese monto, que representa 25 por ciento de lo que hasta hace dos años recibió Bolivia en cooperación antidroga, aún está en negociación y su desembolso no es seguro, advirtió el embajador Kamman. (FIN/IPS/jcr/jc-mj/ip/96)
